¿Qué política? Breves comentarios a mi amigo Erick Stern.

Lo que en principio debía ser un simple comentario en un post de Facebook de mi gran amigo Erick Stern, se convirtió en un artículo. Aquí el link de su artículo que replico con el presente: http://gentedeotrosiglo.blogspot.com/2014/11/el-fenomeno-leonel-titulo-llamativo.html

Algunos comentarios al artículo:

Erick, entiendo tu artículo y tu posición, pero debo decirte que creo que pocas cosas son tan políticas como tu crítica a la política, o más bien, siendo concreto, a su degradación. Considero que has extrapolado una crítica in concreto de la política dominicana a la concepción abstracta de la política como ciencia social. Luego del parafraseo satírico que has hecho de la frase de Duarte me veo conminado, como defensor de la política, a citar la frase tal cual él la expresó y otros, como Juan Bosch, replicaron en distintas ocasiones: ‘’La política no es una especulación; es la ciencia más pura y  las más digna después de la Filosofía, de ocupar las inteligencias nobles’’.

Concibo el objeto de lo que llamas ‘’indigna sustancia’’ de dos maneras: 1) el estudio y práctica del poder y 2) la gestión de la cosa común, de la cosa pública. Desde ambas concepciones veo el objeto de la política como algo mucho más extenso a la postura formalista e institucional que he interpretado de tu artículo. La política es verdaderamente una cuestión totalizante. Está en el más mínimo acto que puedas imaginar, en lo cotidiano, en lo simple y sencillo, precisamente porque toda la vida social –que es la única vida que existe- está atravesada por relaciones de poder y por la noción de qué es lo común y cómo debe gestionarse. Las relaciones familiares caracterizadas por la hegemonía patriarcal revelan una relación de poder que tiene explicaciones históricas, y en tanto relación de poder es asimismo una relación política, por vía de consecuencia toda acción tendente a trastocar dicha relación es a su vez una acción política. Fíjate bien en lo que digo: entender que no por ser mujer debe la esposa fregar y hacer los quehaceres domésticos mientras que el esposo se dedica a laborales ‘’verdaderamente productivas’’, ya es en sí una concepción política que puede parir una consecuente acción tendente a modificar la relación de poder. Esto puede extrapolarse a las relaciones laborales, a las relaciones de amistad, a las relaciones dentro de la comunidad, en fin, a todo tipo de relación humana. El humano, en tanto ente social, es más relación que individuo –que quiere decir lo que no se puede dividir-, es inescindible del medio social en que se desarrolla, ese que constantemente lo atraviesa mediante su inclusión en relaciones de poder.

Según lo que has escrito tu concepción de la política se limita al ‘’estudio de las formas de obtener y conservar el poder, o en nuestro caso, el control de las instituciones que manejan el poder público, especialmente el poder de exigir contribuciones’’. Creo que cometes el típico error que por años se ha difuminado y que consiste en entender el poder como una cosa y no como una relación, y dentro de la concepción de entender al poder como una cosa, entender por esa cosa a una dimensión formal-institucional del poder que hoy llamamos Estado. Entender al poder como una cosa es asimilarlo a un fin, no a un medio, y una vez ese fin se cosifica en el aparato burocrático del Estado –Gobierno-, todo objetivo de la política se reduce a hacerse con el manejo de la dimensión formal-institucional del poder que representan las estructuras que lo componen. Esto tiene un nombre estimado Erick, no es más que burdo electoralismo, y es tal vez la politiquería que en oposición a la Política consideras trivial para los fines de tu mensaje.

Toda esa concepción ensimismita del manejo del aparato burocrático del Estado y la reducción de la política a la misma es, efectivamente, una degradación de esta última. Es así como dimensiones tan sustanciales de esta ciencia social, como es la filosofía política, a través de la cual la humanidad reflexiona sobre la forma correcta de organizar la vida, sobre el buen vivir, sobre su relación con la naturaleza y consigo misma, sobre lo común, es obviada por el marketing político, por la comunicación política, por las estrategias electorales, y por todas aquellas ramas ‘’técnicas’’ que la ‘’profesionalización de la política’’ hoy imponen. Cuando expresas que ‘’El grado de exposición a la política es inversamente proporcional a la capacidad de pensamiento expansivo de una persona”, yo te pregunto ¿De exposición a qué política?

No creas que con lo que he dicho resto importancia a la necesidad de alcanzar el aparato burocrático del Estado como un medio para realizar las transformaciones pertinentes que amerita la sociedad. Las relaciones de poder institucionales son sumamente necesarias para desarrollar cambios en sí mismas y en otras relaciones de poder que se expresan de otras formas, por lo menos mientras se mantenga en términos materiales la noción actual de Estado. No se puede ser ingenuo, el Estado como medio, no así como fin, es necesario bajo los parámetros actuales de organización de la sociedad. Lo que no puedo aceptar es una crítica tan avasalladora de la política, partiendo esta de la premisa de que la ‘’conquista’’ del ‘’poder’’ del Estado es la política.

Paso ahora a analizar cada una de las lecciones que nos has dejado. Comparto muchos aspectos de las mismas, pero en esencia discrepo frente al papel en que pretendes debe relegarse la política.

‘’Primera lección: Gobernar no es asunto de magia, sino de método, pero los dominicanos estamos muy cómodos con la magia.’’ 

De esta primera lección infiero que opones una visión más técnica de los asuntos públicos, en contraste a una realidad que se fundamenta más en el discurso, la aceptación popular o la demagogia. Debo decirte que comparto completamente tu posición respecto a la ausencia de un debate serio respecto a los temas fundamentales de la sociedad dominicana, uno basado en los conocimientos que la técnica y la ciencia pueden aportar, y del cual lamentablemente nuestro país carece. Hemos sido acostumbrados a festinar los problemas centrales de nuestro país y a tratarlos de manera sumamente superficial, muchas veces movidos por prejuicios históricos e ideas inoculadas en base a pseudoargumentos infantiles. El conflicto entre los ‘’ultranacionalistas’’ con los dominicanos hijos de ascendentes haitianos es un claro ejemplo de esto.

Sin embargo debo advertir serio cuidado en la concepción tecnocrática que para la resolución de estos problemas revelas. Si bien es cierto que existen deficiencias técnicas en el abordaje y diagnóstico del problema de la corrupción, de la educación, de la salud, de la criminalidad, de la frontera, etc., no menos cierto es que la solución a dichos problemas, si bien debe auxiliarse de la técnica, debe ser eminentemente política ¿Por qué? Porque más allá de las informaciones preciadas que puedan arrojar los trabajos técnicos y especializados en cada uno de estos problemas, en el fondo, en lo estructural de los mismos, hay una cuestión que tiene ver directamente con dos de los objetos de la política que he expresado: el poder y el manejo de lo común. 

¿Cómo plantearse el problema de la corrupción sin analizar la misma como mecanismo de acumulación originaria de capital y, por tanto, de poder económico, dentro del marco de una clase burocrática? ¿Cómo plantearse el problema de la educación sin entender cuál es la estructura económica que pare y se retroalimenta de la superestructura educacional dominicana? ¿Cómo plantearse el problema de la salud sin comprender a que dinámica y a cuales sectores del poder financiero responde el sistema?

Lo político puede y debe auxiliarse de lo técnico, máxime cuando esto último, dado lo totalizante del primero, es a su vez político. Pero esto no quiere decir que las propuestas de soluciones a los principales problemas del país encuentren su sustento en el manejo de datos y en la utilización de la técnica de la administración pública. Aquí no estamos contando manzanas o peras, estamos inmersos en un entramado de intereses que pueden ser tendenciados a favor de una u otra parte con la ‘’objetividad’’ de la técnica. Al final esto no es más que un ropaje, a veces a la talla a veces maltallado, de una acción política concreta.

‘’Segunda lección: La masa tiene voto, pero más le valiera tener manos porque el que gobierna, en pocos casos que tiene oído y en ninguno tiene ánimos.’’

Debo decir que la frase con que inicias esta segunda lección me encanta. Es precisamente un ideal al que aspiro: una mayor participación directa de las personas en la gestión de lo común, en la gestión de lo público. Esta frase esconde bajo sí la idea que los griegos atribuían al ciudadano: aquel para quien la política y la discusión de lo público es algo natural. Se traduce a la perfección en dinámicas como las de ‘Mandar-Obedeciendo’’ que se han presentado en países como Bolivia, en donde otros mecanismos de organización y expresiones de poder comunitario inciden de manera directa en las decisión públicas, dígase de los sindicatos y las comunidades indígenas.

Mi crítica en esta parte está orientada a refutar una especie de condición natural pasiva que le atribuyes a los ciudadanos frente a la política, especialmente debido a las responsabilidades cotidianas de cada quien. Estas ‘’imposibilidades materiales’’ para poder participar directamente en las decisiones tienen mucho que ver con la forma en que está organizada la sociedad, fundamentalmente en lo que respecta a la división social del trabajo. Bajo esta concepción es función meramente de los ‘’políticos’’ decidir las cuestiones que atañen al colectivo. Sin embargo el enraizamiento de esta realidad no tiene nada de natural, tiene como causa el desarrollo histórico de una concepción de la política sumamente alejada de la participación directa de los ciudadanos. En ese sentido, una política transformadora sería una que amplíe los mecanismos de participación y decisión de las personas comunes frente a los problemas que los afectan. Esto obviamente choca con la preeminencia técnica que en tu primera lección creo propones, puesto que la verdadera democracia es una cuestión de voluntad y de mayorías, no de técnicos analizando números de manera fría para saber que conviene o que no. Es el peligro ‘’populistas’’ que tantos temen.

En conclusión, no se trata de una condición natural de las personas su apatía a participar directamente en la discusión y decisión pública. Existen diversos inconvenientes de tipo cotidiano que pueden presentar un escollo a la posibilidad de participar directamente, sin embargo deben formar dichos mismos inconvenientes parte de la discusión y decisión pública. Se trata de hacer política desde lo que se considera ‘’no política’’, y esto trae como consecuencia la creación de nuevas relaciones y expresiones de poder distintas a la que se expresan en una dimensión institucional. Esto es crear poder desde abajo.

‘’Tercera lección: Los candidatos electos nunca son aquellos con las mejores cualidades para dirigir, sino por los que ejemplifican valores que quisieran ver en ellos mismos.’’

Comparto completamente la crítica que realizas en esta parte. Lo que no comparto, tal y como en parte ya he advertido, es que llevas tu idea del candidato como producto llamativo a un grado absoluto y natural como propio de la política. Sin embargo esta realidad lamentable tiene explicaciones históricas y culturales que pueden encontrar su raíz en el vaciamiento de la criticidad ciudadana y en la dominación cultural de la superficialidad. Colin Crouch, en un trabajo que titula como Posdemocracia, analiza esta involución del plano político electoral como parte de la política, donde lo importante deja de ser la idea que representa un candidato para serlo la táctica mercadológica con  que el mismo se introduce en el electorado. Se trata de un producto –candidato- que tiene que ser vendido a consumidos –electores-, y todos sabemos lo nefasta que puede ser la mercadotecnia cuando se pone al servicio de la creación de necesidades ficticias.

Pero todo esto Erick es consecuencia de una degradación de la política, no de lo estulta de la misma que de manera generalizada aduces. Repito, la pregunta es ¿Qué política? 

Cuarta lección: La política es un ejercicio sin memoria.

Viviendo en un país como la República Dominicana, donde se reconoce como Héroe Nacional a un golpista que contribuyó a derrocar un Gobierno considerado como democrático, donde se le llama padre de la democracia a un señor bajo cuyo régimen fue aniquilada gran parte de la juventud crítica del país y donde se llevan los restos de un traidor al Panteón Nacional, por solo citar algunas inconsistencias, entiendo porque expresas que la política es un ejercicio sin memoria. Ya he dicho en ocasiones, haciendo referencia a la novela ‘’El hombre duplicado’’ de José Saramago, que la sociedad dominicana es una sociedad duplicada. Mas la pregunta es ¿esto se debe a un tipo específico de política o a una condición natural, general y perpetua de la misma? Opto por lo primero. Se debe a una política plagada de un mal llamado pragmatismo que ha vaciado de todo contenido ético su práctica.  Se trata de quedar bien con Dios y con el Diablo, mezclar mansos y cimarrones, y adoptar como estrategia lo que se supone debía ser un paso táctico –léase aquí, por ejemplo, El Frente Patriótico-.

¿Pero cómo superación de esta situación debemos abogar por la no política? Considero que es todo lo contrario. Debemos abogar por una política que replantee la historia liberadora dominicana como proyecto pendiente, que reivindique a Caonabo, a los Trinitarios, a Gaspar Polanco, a Gregorio Urbano Gilbert, a Bosch, a Caamaño,  a Fernández Domínguez, a las Hermanas Mirabal, a Mamá Tingó, entre otros, no por lo que constituyeron como personas en términos individuales, sino por las ideas que en sí representan. Necesitamos más que nunca de la política para colocar cada cosa en su lugar, darle coherencia a nuestro proyecto de nación, y ser más artífices que arqueólogos de nuestra historia.  Solo con política el discurso pragmatista del instante a  que haces referencia puede ser desterrado del imaginario colectivo.

Concluyendo, no creo que tal y como citas de Gasset, al final ‘’los hombres siguen siendo los mismos hombres’’. Yo creo en la relación objeto-sujeto que Marx desarrolla en sus 11 Tesis sobre Feuerbach, entendiendo al sujeto no como individuo, sino como sujeto social. Las condiciones que hacen que los hombres sigan siendo los mismos hombres, es decir el objeto que constituye esas condiciones, en este caso la sociedad, solo pueden ser transformado por la acción humana colectiva, erigida en un sujeto social, no por individuos independientes que se dediquen a cuidar su propia cabeza y a reflexionar de manera aislada sobe el hombre, la naturaleza, la historia, la sociedad, etc. Todo ejercicio de autocomplacencia intelectual y espiritual sirve de muy poco si no es compartido a través de la acción. Al final, Erick, no se trata tanto de comprender el mundo, sino de transformarlo. Esto evidentemente implica transformar las relaciones de poder que hoy lo gobiernan, desde la intimidad del hogar hasta las cuestiones que nos son comunes como humanidad que habita un mundo finito. ¿Qué, si no esto, es la política? El principal problema de nuestra supervivencia es político, su solución también lo es.

Algunas aclaraciones

http://acento.com.do/2014/opinion/8174362-defensa-de-la-constitucion-y-del-derecho/

Artículo con que Eduardo Jorge Prats contesta un reflexión que escribí el pasado sábado. Me gustaría hacer algunas aclaraciones ante ciertas tergiversaciones que hace el profesor Prats sobre lo que expuse.

1ero.: Cuando Prats dice que parto de la premisa de que la política "debe" prevalecer sobre el orden constitucional e institucional, no comprende que lo hago desde una perspectiva descriptiva, no prescriptiva. No es lo que debería o no debería, es lo que es o no es, y empíricamente la política desborda el limitado mundo de lo "constitucional" e "institucional". Además, al decir esto no hace más que reproducir la práctica de segmentación del análisis de la que hablo en mi artículo, entendiendo lo político, lo constitucional y lo institucional como elementos escindibles, cuando lo cierto es que los dos últimos no son más que la dimensión formal y objetivada del "decisionismo" del primero.

2ndo.: Según Jorge Prats, suscribo una visión en la que se privilegia la decisión política, aun de la mayoría del pueblo, por sobre las instituciones y derechos que la Constitución consagra. Pregunto, ¿qué instituciones y qué derechos? Las instituciones no son entes propios ajenos a la humanidad que las compone y configura, como los derechos no son entes propios ajenos a la humanidad que los reconoce, ejerce, aplica, interpreta y jerarquiza. Unas y otras son consecuencia de un entramado de relaciones sociales, especialmente de poder, que se objetivizan en cómo se entiende una institución o un derecho y cómo se desarrollan. Lo que he propuesto es entender una institucionalidad y unos derechos en forma contraria a la que se ha objetivado, no negar la importancia y necesidad de una institucionalidad y, por supuesto, de los derechos. Es crear una nueva hegemonía donde la instituciones y el derecho sean desarrollados en forma democrática y bajo los presupuestos políticos de la mayoría, a partir de los cuales surgen razonamientos jurídicos tan válidos como a partir de la interpretación de Prats.

3ero.: Según Jorge Prats, propugno por la primacía del poder político sobre el derecho, en oposición a la sujeción al derecho de cualquier poder. Repito, no abordo el tema desde una perspectiva prescriptiva, sino descriptiva, y en el crudo mundo del ser, lo político, de manera inevitable desborda lo jurídico, puesto que esto último es solo una de las expresiones de lo primero. No es lo que lo político se impone al derecho, cual si el derecho fuera algo estructuralmente distinto a lo político. Es que el derecho mismo es político, y en función de tal sentido debe ser entendido y desarrollado. El derecho tiene una eminente función política. No se trata de negar el derecho como instrumento. Se trata de hacia donde dirigimos la función política del derecho.

4to.: Se pregunta Jorge Prats ¿Cómo y por qué puede ser antipopular el constitucionalismo que defiende una Constitución transformadora, liberadora y emancipadora como la dominicana? Contesto con otras preguntas, ¿De qué Constitución estamos hablando?¿De la que privilegia la función privada de la propiedad por sobre su función social, o a la inversa? ¿De la que privilegia la libertad de empresa por sobre el medioambiente, o a la inversa? ¿De la que privilegia la seguridad jurídica de las inversiones por sobre la de los trabajadores, o a la inversa? ¿De la que reduce la participación del Estado en la economía a través del principio de subsidiaridad o de la que atribuye al Estado el deber de garantizar derechos sociales como la salud, la alimentación, el trabajo, la vivienda, etc.? No se trata, en parte, de desconocer aspectos importantes de la Constitución formal, que no vamos a negar en base a una concepción superestructuralista y esquemática de la sociedad, propia de un dogmatismo marxista; se trata de cuál es la Constitución material que rige en la República Dominicana y cuáles son los valores y principios que rigen sobre otros y a quiénes benefician.

5to.: Por último, expresa Jorge Prats que es misión de todo constitucionalista serio tomar en serio dicha Constitución en lugar de abogar por su desconocimiento sobre la base de su supuesta ilegitimidad. Profesor, repito, la pregunta es ¿Desconocer cuál Constitución?

JORGE PRATS, EL CONSTITUCIONALISMO ANTIPOPULAR Y LA LEY DE GODWIN

El profesor Eduardo Jorge Prats es uno de los juristas especialistas en derecho público más conocidos de la República Dominicana, siendo uno de sus campos más prolíficos el del Derecho Constitucional. Lamentablemente, tal y como sucede con la mayoría de los constitucionalistas dominicanos, el profesor Jorge Prats se adhiere a una visión ortodoxa del derecho constitucional, que en poco contribuye a comprender aquello que Pedro de Vega cataloga como ‘’realidad constitucional’’. Ese acoplamiento de lo jurídico con lo político que ya hace siglo y medio había sido tratado por autores como Ferdinand Lasalle.

El último artículo (http://acento.com.do/2014/opinion/8172363-loma-miranda-y-el-populismo-anticonstitucional/) de Jorge Prats demuestra en todo su expresión unas de las principales características de la corriente constitucionalista que propugna: la distinción de lo jurídico de la realidad política y la alta sensibilidad antipopular. Dicho artículo es una respuesta a un arsenal de brillantes argumentos expuestos por el joven Anselmo Muñiz (http://nuestrotiempo.rapcanal.com/2014/09/05/loma-miranda-los-limites-del-constitucionalismo/), quien a su vez contestaba con éstos un artículo del profesor Cristóbal Rodríguez en relación a la observación de la Ley que declaraba a Loma Miranda Parque Nacional. (http://acento.com.do/2014/opinion/8170962-la-observacion-a-la-ley-sobre-loma-miranda/)

Más que referirme a aspectos puntuales sobre el tema de Loma Miranda y los argumentos jurídicos establecidos en la observación que hiciera el Presidente de la República, me gustaría desarrollar algunas reflexiones sobre la cuestión teórica y práctica que se derivó de este interesante triálogo epistolar. En otra ocasión me referiré punto por punto a los razonamientos jurídicos que sustentaron la observación presidencial. Por el momento quiero referirme a la relación entre política y derecho subyacente a esa decisión.

Si hay algo que ha afectado el análisis de la sociedad desde un punto de vista radical –entendiendo radical por ir a la raíz-, lo es el auge de lo que denomino como ‘’disciplinarismo’’. Cada aspecto de la vida social es segmentado en pos de un supuesto mejor entendimiento, del perfeccionamiento de la técnica en cada rama y de una supuesta especialización. Es así como son segregadas en compartimientos estancos las distintas ramas que componen las ciencias sociales, como por ejemplo la economía, la política, la sociología y el derecho. Cada una adquiere características propias y autónomas que pretenden hacerlas independientes a las demás, dotándolas de un supuesto carácter científico. Se ha perdido esa visión totalizante de la sociedad que corrientes de pensamientos como las del marxismo desvelaron y pusieron en el ruedo.

En el caso del Derecho y la Política esta práctica de segmentación se acentúa. La política, a partir de su objeto, es concebida como el estudio y desarrollo del ejercicio del poder y de las relaciones que este genera; mientras que el derecho es entendido como un instrumento necesario de convivencia que permite la resolución de los conflictos que se presentan en cualquier sociedad. Ya en el ámbito del derecho constitucional, y específicamente dentro del constitucionalismo, el derecho es concebido como un muro de contención a la práctica política, un supuesto cauce que evita que la corrida de las aguas del poder desborde al río. La política y su práctica son asociadas con la voluntad, mientras que el derecho y la suya con la razón. De allí la famosa distinción entre el imperium que caracteriza a la función política, en contraposición al jurisdictio que caracteriza a la función jurídica o jurisdiccional.

Nada más falaz que esta creencia. El derecho, tanto en su definición a través de normas jurídicas como en su interpretación por parte de los jueces y juristas, tiene tanto o mucho más imperium que la política.

Lo anterior es algo que Anselmo Muñiz expone de manera muy sintetizada en su artículo. En el fondo de sus argumentos está una realidad palpable. Por más que los abogados y juristas intentemos encubrir con mantos de ‘’racionalidad’’ la misma, lo cierto es que subyace latente al derecho mismo y su aplicación. El derecho y el razonamiento que los técnicos generan a partir del mismo no es ni puede ser neutral, imparcial y objetivo. Autores como Alessandro Baratta, en el campo de la criminología y el derecho penal, han demostrado de manera incontrovertible como, por ejemplo, en la configuración del sistema normativo penal se impone el poder de quiénes pueden definir las normas y, ya en el momento de la criminalización secundaria, aplicarlas. Estas operaciones son eminentemente de poder y, por tanto, políticas.

Esta realidad es extrapolable a todas las otras ramas del derecho, incluso a aquellas que se piensan como más técnicas y cargadas de menor componente ideológico, como es el derecho privado. En el caso del derecho constitucional, por su carácter esencialmente principiológico, esta realidad se presenta con un carácter mucho más profundo. Y es que el derecho constitucional es derecho político, es decir un campo para el desarrollo de concepciones ideológicas-políticas sobre el derecho, así como respecto de la economía lo es la economía política. Con una y otra de estas ciencias sociales los teóricos liberales han intentado formular teorías racionales y en ocasiones mecánicas, pero lo cierto es que detrás de ambas hay mucho más de ideología y poder que de técnica.

Corrientes de pensamientos dentro del estudio del derecho, como es la que propugna un uso alternativo del mismo, han dado cuenta de este componente intrínseco. Si bien no comparto en su totalidad los postulados de este movimiento, lo cierto es que ha revelado una gran verdad: ha contestado o negado que las tareas de interpretación o aplicación del derecho sean estrictamente científicas, sosteniendo en contrapartida, la función política del mismo.

¿En qué tiene que ver esto con la observación del Presidente a la Ley que declaraba a Loma Miranda Parque Nacional? Precisamente en hacer ver que, tal y como lo expresó Anselmo Muñiz, esa decisión es una decisión radicalmente política, no jurídica, y como tal debe ser entendida. Los argumentos de tipo jurídico utilizados para fundamentar la misma están sustentados en una previa opción política e ideológica sobre el medioambiente, los recursos naturales, la propiedad privada, la seguridad jurídica y, sobre todo, la democracia. Se sustentan, como diría Gadamer y repetiría el propio Eduardo Jorge Prats, en una preconcepción sobre esos aspectos tan fundamentales para la vida de todos y todas. Tan correctos como esos argumentos hubieran sido otros sustentados en una distinta preconcepción, opción política e ideológica sobre estos aspectos, con la importante diferencia de que también contarían con el más importante principio constitucional que creo ha estado en juego en esta discusión: el principio democrático.

Los argumentos utilizados por los juristas que contribuyeron a redactar el documento contentivo de la observación presidencial, en esencia son argumentos a los que el académico estadounidense Duncan Kennedy denomina “de conveniencia política’’. Lo peor de todo es que en nuestras escuelas de derecho se presentan este tipo de argumentos como propios y autónomos de algo llamado ‘’razonamiento jurídico’’ y que es lo que supuestamente ha prevalecido en la decisión del Presidente. En un pequeño ensayo de Kennedy llamado ‘’La educación legal como preparación de la jerarquía’’, este autor hace un breve relato que confirma esta situación. Afirma Keneddy sobre los profesores de derecho: “Los profesores enseñan cosas absurdas cuando pretenden convencer a los estudiantes de que el razonamiento jurídico es algo distinto -como método para llegar a resultados correctos-, del discurso político y ético en general. Es cierto que existen entre los abogados técnicas argumentales específicas para detectar lagunas, conflictos y ambigüedades en las normas, para argumentar a favor de la extensión o restricción de la aplicación de una decisión judicial, y para sostener argumentos de conveniencia política a favor o en contra de una solución determinada. Pero éstas son solo técnicas argumentales. Nunca hay una ‘’única solución jurídicamente correcta” distinta de la solución ética y política correcta para ese problema jurídica. Dicho de otra manera, todo lo que se enseña, salvo las propias normas y las técnicas argumentales para manipularlas, es política y nada más.’’

En pocas palabras, la solución jurídica expuesta en la observación que hiciera el Presidente, no puede ser distinta a la solución ética y política de quiénes abordaron ese problema jurídico, y esta solución, obviamente, está fundamentada en pura y dura política e ideología. En este ámbito, querido profesor, no existe la neutralidad. Muñiz, refiriéndose a Rodríguez y Jorge Prats, lo expresa brillantemente en su artículo: “Más allá de la discusión técnico-jurídica, lo que ambos autores no ven es que la propia decisión técnica representa un sistema de valores para nada objetivo”. Y prosigue más adelante al afirmar que: ‘’El trasfondo de lo anterior es que lo político, en tanto constitutivo del vínculo social, es transversal a las distintas áreas de la sociedad, incluyendo el Derecho. Así, la decisión sobre si Loma Miranda debe o no ser declarada parque nacional, ya sea que la tome el Poder Legislativo, el Ejecutivo, el Tribunal Constitucional o un tribunal internacional, es una decisión política, que puede y debe informarse de los aspectos técnicos (jurídicos, ambientales, económicos, etc.) pero que no por ello deja de ser política.”

El principal conflicto detrás de tema Loma Miranda Parque Nacional no es uno de tipo jurídico, ni siquiera medioambiental o de aprovechamiento de recursos naturales. El principal conflicto aquí es de relaciones de poder. Por una lado, una minoría empresarial y una clase profesional burocrática-privada a su servicio, que con razón o no se oponen a que Loma Miranda no sea explotada; por otro lado, una mayoría popular traducida en una mayoría representativa, que equivocada, manipulada, extasiada, irracional o no, se opone a que Loma Miranda sea explotada y entiende que debe declararse Parque Nacional. Si hay algo en juego en esta discusión es el principio democrático. ¿Quién manda? ¿Una minoría o la mayoría? Pesimismo de la razón, optimismo de la voluntad decía Gramsci. Democracia es mucho más voluntad que razón, más cuando la ‘’razón’’ adolece de las características que previamente he reseñado. Ya diría Castoriadis que la democracia es el régimen del riesgo, y es un régimen trágico.

Para el profesor Jorge Prats lo que he dicho en el párrafo anterior resultaría ser, evidentemente, una expresión burda de populismo. Este jurista dominicano, como otros académicos de Latinoamérica, no vacilan en recurrir de inmediato a utilizar el adjetivo de populista en un término peyorativo, ante posiciones como la que Muñiz plasmó en su artículo o las que he expuesto aquí. Típico de esa ortodoxia constitucional que todavía profesa como palabra de Dios el supuesto peligro de la ‘’tiranía de la mayoría’’, y que prefieren sistemas tecnocráticos de tutelaje que al final terminan siendo siervos de infames oligarquías y plutocracias, más en el caso de los países latinoamericanos. Y es que sienten temor de ese ‘’coctel molotov” al que el profesor Jorge Prats hace referencia en su artículo, y que no es más que el pueblo, equivocado o no, decidiendo por sí mismo.

Esta concepción tecnocrática y antipopular de la organización de las sociedades, desde el punto de vista jurídico-constitucional, no es más que una expresión del constitucionalismo antipopular, mucho peor, profesor, que el populismo anticonstitucional al que usted teme. Gerardo Pissarello, en su libro ‘’Un Largo Termidor’’, desarrolla de manera crítica esa ofensiva del constitucionalismo antidemocrático, con lo cual subtitula el libro.

Esta concepción es parte de todo un andamiaje institucional compuesto por jueces, abogados, juristas y burócratas, que ha generado lo que denomino una “alienación jurídica de la democracia’’. Los que hayan leído a Ludwig Feuerbach, filósofo alemán representante del materialismo, sabrán que éste desarrolló toda una teoría sobre la alienación religiosa. Según Feuerbach, fue el hombre que creó a Dios y no a la inversa, pero una vez creado el objeto pasó a dominar al sujeto. Extrapolándolo al derecho, es el hombre quién crea el sistema jurídico e incorpora los derechos fundamentales a través de decisiones –en principio- democráticas, pero ese objeto pasa dominar al sujeto, cercenando la democracia en virtud de la cual fue establecido el mismo objeto. Exclamaba Hobbes que las leyes se hicieron para los hombres y no los hombres para las leyes, y parafraseando a Martí con relación a la “institucionalidad’’ que defiende Jorge Prats, no se pueden hacer instituciones democráticas con humanidad antidemocrática.

Al final de su artículo el profesor Jorge Prats se realiza la siguiente cuestionante: ‘’¿Qué entendimiento puede haber allí donde al adversario no se le considera merecedor de ser convencido con argumentos racionales sino que se le califica de enemigo, como la Cartilla Cívica trujillista consideraba al revolucionario “enemigo de tu vida y de tus bienes”?’’ Al decir que el adversario no se considera merecedor de ser convencido con argumentos racionales, infiero de manera lógica que según Jorge Prats quiénes están llamados a convencerlo son movidos por pasión, emoción e irracionalidad. Esto no me parece errado. ¿Cómo puede, por ejemplo, el Padre Rogelio ripostar o comprender los argumentos racionales de un profesional especialista? ¿Qué sabe el Padre Rogelio de inversión extranjera, propiedad privada, seguridad jurídica, derecho constitucional, etc.? Mejor adherirnos a los argumentos racionales de los especialistas y olvidarnos de los tirapiedras que no se cansan de protestar con lo de Loma Miranda. Pero, y si de lo que se trata es de una decisión política y democrática que incide en la vida de cada persona sin importar condición alguna, ¿por qué debo atribuirle más racionalidad a algunos argumentos que a otros? Cada ciudadano debe tener la potestad de interpretar el derecho y sus derechos, y ningún tribunal o tecnócrata debe suponerse más cualificado que alguien común para discutir la cosa pública. Al constitucionalismo hay que agregarle un componente popular que contrarreste las posiciones antidemocráticas fundamentadas en el peligro populista. Se hace necesario, entendiendo la función política del derecho, que se genere una interpretación democrática tendente a una opción preferencial de lo que decidan las mayorías. Traslademos esa obsesión con identificar los peligros de las mayorías a identificar los peligros latentes de las minorías. Es necesario terminar con esa disconformidad, que según Robert Unger, opera a través de una ‘’incesante identificación de límites sobre la regla mayoritaria, antes que sobre el poder de las minorías dominantes, como responsabilidad principal de los jueces y juristas; y consecuentemente en la hipertrofia de prácticas y arreglos contramayoritarios; en la oposición a todas las reformas institucionales, particularmente a aquellas orientadas a expandir el nivel de compromiso político, lo cual es visto como algo que amenaza el sistema de derechos”.

El profesor Jorge Prats calificó los argumentos de Muñiz de fundamentados en un populismo anti institucional y schmittiano. No resistió, como forma de respaldar sus propios argumentos, acudir a lo que se conoce como Ley de Godwin o regla de analogías nazis de Godwin, la cual consiste en presentar comparaciones hitlerianas o nazis con relación al enunciado contra argumentado. Resulta curioso que cada vez que alguien plantea una posición contrasistémica y fundamentada en pensamiento crítico, la contrapartida conservadora termina siempre atribuyendo un peligro eminente a la misma: el peligro comunista, el peligro terrorista, el peligro chavista, el peligro populista, el peligro nazi, etc. Tal vez es esto una muestra de que no todo lo que llaman razón es razón y que en lo profundo de cada ser humano, por encima de cualquier conocimiento técnico o especializado, subyace una idea sobre algo, subyace una ideología. Ya conocemos la de muchos.

A propósito del cruce epistolar entre el abogado José Luis Taveras y el empresario Juan Vicini

Interesante intercambio producido a través de las redes sociales entre el conocido abogado corporativo, José Luis Taveras, y el señor Juan Vicini, representante del grupo empresarial más grande de la República Dominicana. Todo tuvo como inicio una carta abierta que el primero hiciera a la empresaria Ligia Bonetti, en una especie de respuesta recomendatoria a las desafortunadas declaraciones que la misma hiciera sobre los salarios en la República Dominicana. Ante lo expresado en esta carta, el empresario Juan Vicini respondió a José Luis Taveras en defensa de la señora Bonetti, generándose posteriormente correspondientes réplicas y contrarréplicas. Más allá de las opiniones que he podido observar sobre este breve cruce epistolar, muchas de las cuales se han quedado limitadas a una valoración formal del manejo de la palabra y la estilización de la misma en la defensa de cada posición -así también como a aspectos de estricta índole personal-, me gustaría reflexionar un poco sobre diversos aspectos estructurales de la discusión. 

Quien haya leído al profesor Juan Bosch, especialmente en sus obras sociopolíticas Composición Social Dominicana, Capitalismo Tardío en la República Dominicana y Dictadura con Respaldo Popular, podrá comprobar la ‘’arritmia histórica’’ que ha afectado a nuestro país desde que fuera colonizado por el entonces Reino de Castilla. Podrá comprobar como el desarrollo industrial del territorio que ocupamos, contrario a otras colonias, estuvo desde sus inicios condenado una vez tras a otra al fracaso. El monopolio comercial entre la Metrópoli y la Colonia, limitando el mercado de lo producido por esta última, obligó a trasladar la actividad económica de la pujante, tecnificada y calificada industria azucarera que iniciaba su desarrollo, hacia la rentista, ociosa y poca productiva actividad latifundista de ganadería. Las encomiendas y el otorgamiento de títulos de nobleza a los adeptos de la Corona completaban en parte la organización de una sociedad fundamentada en la apariencia, linaje, estatus y tenencia, por sobre una generadora de las riquezas necesarias para satisfacer las necesidades de los habitantes. Esta forma de organización social llevó incluso a que tuvieran que enviarnos recursos desde México para mantener funcionado la colonia.

No fue hasta la primera intervención norteamericana del año 1916, y posteriormente con la Dictadura de Trujillo, que la República Dominicana se encauzó en un mínimo desarrollo industrial propio de un sistema capitalista de producción. Estos dos momentos, conjuntamente con el ensayo industrial azucarero de la colonia que fuera abortado por las razones ya expuestas, son considerados por Bosch como los tres procesos, aunque intermitentes, de acumulación originaria de capital en la Republica Dominicana. En todos estuvo presente la utilización de la fuerza que caracteriza los procesos de acumulación originaria de capital: en el primero la explotación esclavista, en el segundo la apropiación forzada de grandes extensiones de terreno y en el tercero la puesta en marcha de una maquinaria sangrienta y del mismo Estado al servicio de los intereses económicos de Trujillo. 

Este tardío y precario desarrollo de la relación histórica de producción llamada capitalismo, conllevó, por vía de consecuencia, a un tardío y precario desarrollo de la relación social de ese modo de producción, específicamente en cuanto a la conformación de las clases sociales típicas en el mismo. La ausencia de una clase burguesa en la República Dominicana explica en parte porque el proyecto revolucionario independentista promovido por la pequeña burguesía quedó en manos de los sectores oligárquicos de la sociedad, específicamente en la clase hatera representada por Pedro Santana. No podía producirse una revolución burguesa al estilo francés, precisamente porque se encontraba ausente la clase que se supone debía liderar la misma, y en cambio, el poder social residía en un sector oligárquico.

Este trasfondo histórico incide en la débil conciencia con que se configura una clase burguesa en la República Dominicana. Su conformación tardía, a la par con una sociedad regida históricamente por sectores oligárquicos, conllevó necesariamente a que naciera con una serie de vicios que no fueron propios de otras sociedades capitalistas cuyo desarrollo histórico no fue tan accidentado como el nuestro. El mayor de esos vicios es, sin duda, la ausencia de una conciencia de clase. La ausencia de una concepción propia como clase social caracterizada por unas delimitadas funciones dentro del sistema social capitalista y, por tanto, con la posibilidad de reinventarse para poder mantener el sistema vigente. Es precisamente eso y no otra cosa lo que está en el fondo de la discusión entre Taveras y Vicini. 

Lo dicho por José Luis Taveras va en el sentido de reprochar esta falta de conciencia de clase que afecta al sector empresarial dominicano, el cual en el fondo sigue rigiéndose bajo mecanismos propios de explotación que a la larga pueden desatar una crisis que ponga en jaque su posición dominante en la sociedad. Lo curioso es que, desde un análisis de estratificación social, José Luis Taveras no pertenece a la clase burguesa, más bien forma parte de una capa de la pequeña burguesía profesional y burocrática-privada. José Luis Taveras, sin ser burgués, tiene mucho más claro que los propios ‘’burgueses’’ dominicanos cuales son las condiciones que tienen que cambiar para que todo siga igual en este sistema social. Piensa como deberían pensar los verdaderos burgueses. Tal vez, si los empresarios insaciables de nuestro país pensaran así, pudiéramos tener un desarrollo productivo y social mayor, no obstante mantenerse muchas de las condiciones que son inherentes al sistema social capitalista.

Lo que ha hecho José Luis Taveras no es salir en defensa de la mayoría de dominicanos por las condiciones de miseria de las que adolecen, situación que parece satirizar la señora Bonetti con sus declaraciones. Lo que ha hecho José Luis Taveras es advertir a la clase empresarial que se supone lidera el sistema en el que él cree, cuales serían las consecuencias de que la progresiva precarización de las condiciones materiales de existencia de los dominicanos los haga desenterrar su sed de justicia del subsuelo y despertar del letargo inducido en que se encuentran para tomar lo que les pertenece. Parafraseando a Ford, lo que José Luis Taveras ha dicho a los empresarios es: entreguen algo, antes que tengan que entregarlo todo. Coloca el ejemplo de Venezuela como muestra del supuesto apocalipsis que se podría avecinar, tal y como en época de la guerra fría lo era el ejemplo cubano, dando lugar entonces a lo que se conoció como la teoría de la contención a través de la instauración de programas de reformas y ayuda económica, como por el ejemplo la Alianza para el Progreso. En ese momento se entendió como necesario ‘’ceder’’ algo para detener la ‘’avanzada comunista’’. 

Para evitar la hecatombe se hace entonces necesario solventar lo que Marx llamaba ‘’costos de reproducción de la fuerza de trabajo’’. En contraste con los costos de producción de la fuerza de trabajo, que refieren específicamente a los elementos necesarios para que los trabajadores puedan subsistir y por ende puedan contar los empleadores con su fuerza de trabajo, los costos de reproducción de la fuerza de trabajo se sitúan en el marco de los gastos necesarios en que tiene que incurrir la clase empleadora para evitar el desbordamiento en su contra de la clase en la cual reside la fuerza de trabajo. Son los costos de mantener lo que eufemísticamente los teóricos occidentales de políticas públicas llaman ‘’cohesión social’’. La capacitación, educación e instrucción a fin a los postulados del sistema social vigente es la forma más efectiva para lograr dicho cometido, pero cuando no pueden ser las personas manejadas a través de estos mecanismos se hace necesario ceder algunas cosas para poder mantener el estado de cosas. De esto puede derivarse toda una teoría de las prerrogativas laborales entendidas como concesiones, no así como conquistas propiamente dichas. 

En República Dominicana, ambos costos, tantos los de producción como reproducción de la fuerza de trabajo, no son solventados ni por asomo. Aun así la sociedad sigue corriendo y no se produce una crisis. Sin dudas, el endeudamiento sirve como válvula de escape para satisfacer las necesidades materiales que permiten producir la fuerza de trabajo. En cuanto a la reproducción de la fuerza de Trabajo, la explicación de que no se genere una crisis aun sin solventar los costos de la misma, puede residir en parte, como afirma José Luis Taveras, en el sistema clientelar disgregador de las intenciones de organización y cambio de nuestra sociedad. Pero más que nada reside en el sistema hegemónico que se ha configurado en la República Dominicana y que lleva a las personas a considerar como naturales sus condiciones materiales de existencia y la forma en que se desarrollan las relaciones sociales en nuestro país. La dominación cultural que irradia elementos subyugantes a lo largo y ancho de la mayoría de dominicanos conlleva la identificación de éstos con sus opresores. Esto deriva en una pobre articulación de intereses entre los sectores más explotados de la sociedad dominicana y en una imposibilidad continua de generar mecanismos de organización que puedan ejercer el debido contrapeso en las relaciones sociales. Basta con comprobar que menos del 4% de los trabajadores dominicanos se encuentra sindicalizado. En la República Dominicana hay trabajadores, pero no existe una clase obrera organizada. Así como la conformación de una clase burguesa estuvo matizada por un desarrollo tardío, subsecuentemente lo estuvo el proletariado dominicano. No existe una conciencia de clase obrera. Esto evidentemente da margen de maniobra a las clases empresariales para evitar la crisis a la que hace referencia José Luis Taveras.

Juan Vicini defiende a la señora Bonetti y afirma que la misma trabaja para evitar una ola devastadora principalmente fundamentada en una sobrepoblación laboral. Resulta curioso ver que el señor Vicini coloca dentro de sus argumentos el problema que traería el éxodo masivo de haitianos hacia nuestro país. Especialmente porque el Grupo Empresarial que representa ha sido un beneficiado histórico de esa mano de obra barata, obediente y dócil. 

Lo cierto es que a estos sectores explotadores de la sociedad dominicana les ha venido muy bien la sobrepoblación laboral. Ese ejército industrial de reserva ofrece a los empleadores un mercado de trabajo con una oferta de mano de obra saturada, y por tanto, dispuesta a venderse bajo cualquier condición con el solo fin de tener una mínima estabilidad. La desregularización de las relaciones de trabajo propuesta por los empresarios con el fin de ‘’ampliar’’ el acceso al trabajo formal, no hará más que intensificar esta tendencia caracterizada por una competencia desmedida de los ‘’sobrantes’’ para entregarse al capital al menor costo posible.

Los problemas demográficos, en principio, solo pueden ser explicados en relación a los medios de producción de una determinada sociedad. Existe sobrepoblación en tanto la fuerza de trabajo disponible excede aquella requerida por los medios de producción establecidos, y existe subpoblación en tanto la fuerza de trabajo disponible es menor a la requerida por los medios de producción establecidos. Lo que en parte están proponiendo los empresarios es flexibilizar las relaciones laborales para poder incorporar más personas al empleo formal: una formalización precarizante. Pero le sacan el cuerpo de manera evidente a la cuestión trascendental detrás del problema del trabajo y el desarrollo en la República Dominica: el modelo económico de nuestro país. 

El modelo económico dominicano cada vez más se reclina a la importación, la intermediación y los servicios, en perjuicio del desarrollo productivo nacional, especialmente de carácter industrial, donde la mano de obra calificada es requerida en cantidades considerables. Para el empresariado dominicano resulta mucho más rentable orientar sus capitales a estos sectores de la economía, caracterizados por un importante componente especulativo, escasa necesidad de trabajadores y limitada agregación de valor a la sociedad. Por su parte, las utilidades generadas por la inversión extranjera son repatriadas en su mayoría y la capacidad generadora de empleos de esta última es irrisoria, lo que hace necesario que empecemos evaluar su calidad por sobre su cantidad. Mas es siempre más fácil prefabricar argumentos para cortar la soga por el lado más débil. Se olvidan los representantes del empresariado dominicano que si aprietan mucho la tuerca, aun con las condiciones favorables que les ofrece el país, se puede correr la rosca. Yo ellos tomara en serio las advertencia de alguien que al parecer piensa como un verdadero burgués, aun sin serlo.

¿Democracia en la cuna de América?

“La democracia en el capitalismo es el pacto

                                                           por el cual las clases subalternas renuncian

                                                      a la revolución a cambio de negociar las

                                                     condiciones de su propia  explotación.”

Alfonso Quijano

¿Democracia en la cuna de América?

I.                   La mentada democracia.

La tan aclamada y vanagloriada democracia ha sido la panacea del ideal  de convivencia entre los seres humanos y las organizaciones político-institucionales que los mismos han construido para poder alcanzar sus fines en una forma plena. El mundo occidental moderno la ha presentado, expandido e impuesto en una gran cantidad de Estados, como la mejor forma posible de estructurar el sistema que rige los mismos. Hoy por hoy, todos los caminos conducen a la adopción de este sistema. Sin embargo, cabe preguntarnos, ¿es democracia lo que realmente llamamos como tal? o mejor dicho, ¿es democracia lo que nos han enseñado e inculcado que es democracia?

Es hartamente conocido el sentido etimológico de la palabra democracia, a saber gobierno del pueblo. Nosotros agregaríamos lo referido por Lincoln: gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Pero, ¿ha confirmado la realidad histórica el ideal democrático incrustado en el propio sentido inherente y prima facie de la palabra democracia? La respuesta resulta notoriamente verificable en sentido negativo. La realidad histórica desvela el panorama crudo que busca ser ocultado con teorías e ideas serviles con un estado de cosas, más aún en el caso de países latinoamericanos como el nuestro: la República Dominicana.

 En breves líneas intentaremos esbozar la realidad originaria y actual, respecto a qué es lo que realmente impera en nuestro país, lo que obviamente implica determinar también sobre quiénes imperan en el mismo.

Al final delinearemos una propuesta de una verdadera construcción colectiva hacia la democracia. Hacia una democracia verdadera. Y decimos construcción porque no es algo que se pueda redescubrir o recrear. No se puede retomar lo que nunca ha existido, y como veremos, en la República Dominicana nunca hemos tenido el umbral mínimo de lo que debe ser una democracia.

II.                ¿Qué y quiénes rigen nuestro país?

 La fundación de nuestro país estuvo altamente impregnada de las influencias estadounidenses y francesas que se conocen como las revoluciones burguesas. Basta analizar en forma comparativa la Constitución dominicana de 1844 con los instrumentos jurídico-políticos que surgieron  de las respectivas revoluciones. En tal sentido, la República Dominicana fue concebida sistémicamente como una democracia liberal, sistema que en realidad es profundamente antidemocrático. 

Lamentablemente, y aún copiando todas las instituciones e instrumentos políticos propios de este sistema formal y burgués, ni siquiera reunimos las condiciones para cumplir con esta forma aparente de “democracia”. Es decir, ni siquiera pudimos emular un sistema clasista meramente formal, que paradójicamente no representaba una verdadera democracia.

La razón de esta falla se encontró directamente enraizada en la debilidad dominicana del sujeto político que instauró este sistema en los lugares de donde el país se nutrió en ideas. La escasa y casi inexistente formación de una clase burguesa impidió que la República Dominicana pudiera adoptar esta forma. ¿Qué sucedió en la práctica? La clase dominante con carácter oligárquico fue la que se impuso. Está clase estaba representada en ese momento por los hateros. Sin embargo, será esta misma clase la que históricamente dominará al pueblo dominicano desde ese momento de su independencia hasta la actualidad, con una igualmente antidemocrática intermitencia de 31 años de dictadura de Trujillo. Todo intento de asimilación a un proceso que condujera a un acercamiento con una verdadera democracia fue aniquilado por esta clase que luego se erigiría en frente. Bastan los ejemplos de los gobiernos de Ulises Francisco Espaillat y Juan Bosch.

 A partir de esto decimos que en la República Dominicana nunca ha existido la democracia. No solo que no ha existido la democracia, sino que ni siquiera ha sido posible instaurar plenamente el sistema de apariencia “democrática” propia de las sociedades desarrolladas burguesas, que en fondo, como todos debemos saber, no son tampoco democráticas. 

 A seguida haremos algunas puntualizaciones descriptivas que nos llevan a la conclusión de que el sistema dominicano responde a una oligarquía, es decir, al gobierno de los pocos sobre los muchos.

En primer lugar, es preciso sacarse de la cabeza la idea generalizada de que una democracia es verificable por el conglomerado de instituciones diseñadas para el correcto funcionamiento de la misma. Muchos dirán que existe democracia en la República Dominica por que el Estado adopta una forma republicana, una división de poderes y permite la elección popular de los representantes que gobiernan el país. Ninguno de estos aspectos puede concluir en la plenitud práctica de una democracia. Ya sea que todas estas instituciones y procesos estén coaptados a favor de una persona, como sucedió durante la dictadura; o ya sea que estén cooptados a favor de una clase oligárquica, como continúa pasando en la actualidad, se llega a la inevitable conclusión de que estas instituciones y procesos caen en una formalidad opaca, un cascarón vacío que intenta justificar una apariencia burda de democracia.

 ¿Por qué decimos que lo que existe es un cascarón vacío de democracia? Porque en la realidad se encuentra ausente, o más bien ausentado, el germen intrínseco de la democracia: el pueblo. 

Un crítico de lo que estamos expresando podrá cuestionar respecto a lo qué es el pueblo y quiénes lo componen. Ciertamente la categoría política de pueblo está sujeta a numerosas significaciones acorde con el sentido, sea descriptivo o emotivo, con el que se quiera hacer uso de la misma. No existe empíricamente el pueblo como macrosujeto político-homogéneo. Sin embargo, aún tomando el pueblo en su más amplio sentido, abarcador de todos los integrantes de una sociedad en la cual se relacionan dialécticamente intereses contradictorios, podemos acercarnos a ese germen ausentado.  Si tomamos al pueblo en este sentido, podemos identificar o clasificar sus integrantes con elementos, ya sean aristocráticos, oligárquicos o democráticos. Pues bien, es precisamente el elemento democrático de ese pueblo que se encuentra subsumido y sin ninguna visibilidad ni protagonismo, ante el elemento oligárquico que lo domina. Ese elemento democrático del pueblo es el que constituye las grandes mayorías nacionales y sin él no puede existir democracia. Juan Bosch ubicó en estas grandes mayorías, o como el denominaba “gran masa”, a la baja y muy baja pequeña burguesía, proletarios u obreros, semipropletarios y chiriperos. Este es el pueblo en sentido estricto. El pueblo no como ficción jurídico-política, sino, una vez que se organiza, como realidad histórica.

¿Por qué está efectivamente este pueblo ausentado? Pasamos en seguida a esbozar nuestros argumentos. 

Antes que nada no puede existir democracia sin ciudadanos. Aquí no nos referimos a ciudadanos en el sentido del vínculo jurídico entre personas y un Estado, sino en aquel propio de la concepción clásica y principal de la palabra ciudadano: aquel ser social para quien la política y su participación en la misma es un elemento natural. 

Lo que revela la realidad dominicana es totalmente contrario a esa promovible ciudadanía. La imposición de las ideas neoliberales, que bien caen a la oligarquía dominante en la República Dominicana, traen consigo prácticas sociales y culturales totalmente alienantes, que conducen a este pueblo hacia una total desmovilización y despolititización. Este pueblo se reduce a una masa inerte y autómata conducida, ya no mediante la represión física como en las dictaduras, sino mediante la represión del pensamiento que lo orienta al consumismo, la competencia y el individualismo. Los despoja de su inherente sentido de ente colectivo y social que como tal se preocupa y vela por los intereses de la colectividad. Se abstrae del espacio público y hace oda a lo superfluo, a lo banal. Efectivo somnífero de mucha mayor eficacia que los regímenes basados en la violencia física sistemática.

 El momento electoral, para muchos cúspide del momento democrático, es manejado en una forma mercadológica en la cual pocas veces el elector puede dirigir su propia voluntad. Toda convicción pierde contenido ante la conducción hacia un producto manejable por los intereses oligárquicos. Bajo el ropaje de la competencia partidaria y la famosa y “sana” alternancia, se oculta un programa de acción único, y que únicamente tiende a tener como beneficiario a una minoría. Es un gobierno de los pocos, aún haya sido producido por una mayoría electoral, la cual vale la pena destacar no es lo mismo que la gran mayoría nacional. La autoridad delegada electoralmente, dejar de delegada para pasar a ser enajenada, todo al servicio de los grandes intereses de la oligarquía. Una élite política al servicio de esta última y a mantener las estructuras y relaciones de poder que impiden el protagonismo del pueblo necesario para una democracia. El devenir y la realidad histórica no nos dejan mentir.

 No satisfecha con esto, la oligarquía dominicana impide un principio fundamental de una democracia. Estamos refiriéndonos al principio de igualdad política. A condiciones materiales evidentemente desiguales, más al nivel de las establecidas en la República Dominicana, se hace obvio la imposibilidad de participar en igualdad en un proceso político. Gran parte de los fondos utilizados por las elites políticas en campaña provienen de la arcas de la oligarquía que los financia. Todo esto en conexión con la cada más vertiente mercadológica de la política que ya mencionamos y que visualiza a los electores como consumidores.

Las pocas veces en que surgen excepciones del pueblo con conciencia de clase y política y, por tanto, con firme intención de luchar por los intereses propios de la gran mayoría a la que pertenece, se encuentra con la imposibilidad de ejercicio de una participación efectiva por la parcialización de todos los caminos con todo lo contrario a lo que profesa. Así mismo, no tiene control sobre el programa de acción que la élite política que lo “representa” lleva a cabo, el cual en el fondo es controlado por los intereses oligárquicos.

La mayoría de los medios de comunicación se encuentran controlados por grupos económicos de la oligarquía. El profundo peligro antidemocrático de esta realidad no ha sido constatado en su significativa importancia, por la sencilla razón de que no ha surgido en años un instrumento o proyecto colectivo que afecte directamente los intereses de estos grupos económicos, todo lo cual lo único que deja ver es precisamente la ausencia del germen democrático que antes mencionábamos.

Pero donde más se hace visible que lo existente en nuestro país es una oligarquía, es en las relaciones sociales y las condiciones materiales de las clases oprimidas. De nada vale diseñar un sistema que de la falsa apariencia de democracia, si fuera de ese espacio político-institucional se reproducen –ya no de manera encubierta- explicítamente los sistemas de jerarquización social, incluso asimilables al señoraje del Medioevo. Para verificar esto solo hace falta un mínimo sentido común. Observe como se desenvuelve las relaciones sociales, bajo que hábitos, conductas, cultura, imaginarios, interrelación laboral, y se dará cuenta de la obvia situación de sujeción de  los muchos a los pocos. En todo acto, por más mínimo y cotidiano que sea, se reproducen relaciones de poder que colocan a una clase mínima en una posición dominante.

Algunos especialistas en ser ambiguos y medias tintas, aquellos que con su posición indeterminada y vacilante hacen el juego al sistema oligárquico, llegan a la conclusión de que las realidades que escuetamente he mencionado, son consecuencia de una democracia de baja intensidad o democracia débil, no así de una oligarquía. Defensores de la determinación de la democracia por vía de contingencias históricas, en base a lo cual la democracia liberal decimonónica resulta ser verdaderamente democracia acorde con su contexto histórico. En tal sentido, en el contexto histórico dominicano nuestra democracia es débil, pero es democracia, como consecuencia de una transición evolutiva que falta por desarrollarse. Esto es totalmente falso. Si tomamos el proceso de democratización en términos graduales y no absolutos, ¿en qué umbral se determinaría lo que es una democracia débil y lo que es una oligarquía? Los elementos de dominación han cambiado, pero el sistema dominante no. Muestra de ello es la experiencia en otros países de Latinoamérica, en los cuales los nuevos elementos de dominación fueron derrotados, debiendo la oligarquía, con su mentor el imperialismo, retomar las prácticas que se pensaron erradicadas en la “democracia”: complots, golpes de estados, intentos de asesinatos, etc.  

Al final, lo que determina la existencia de una democracia o no, serán las relaciones de poder existentes. En República Dominicana, estas relaciones de poder están inclinadas a un mínimo grupo.

III.             Hacia una nueva democracia.

Nuestra realidad nos coloca en la posición de concentrar todos los esfuerzos y lucha en la construcción de una democracia en la República Dominicana. Democracia que hasta el día de hoy no ha existido. Una democracia que considere a la persona como punto central y finalidad de la misma. Pero no en su dimensión individualista, sino como ente que necesariamente tiende a agruparse con otros para la consecución de un fin. Un fin orientado al bien común y bienestar general de esos que históricamente han estado en una situación de opresión e invisibilidad. A esos que constituyen la mayoría del pueblo dominicano.

 Se hace imposible la construcción de una democracia sin la organización y concientización del pueblo. Esto no puede realizarse desde los movimientos sociales, no obstante su inevitable importancia en el proceso, especialmente por su carácter espontáneo, no estratégico y no organizado. Por tanto se hace necesario un instrumento o proyecto de carácter político en torno al cual se organicen efectivamente las clases populares. Este instrumento tiene la inevitable labor de fomentar la construcción de poder ciudadano y colectivo. Poder desde abajo, desde el propio hábitat del pueblo. Su práctica debe estar dotada de una alta significación pedagógica que acerque a la persona a la ciudadanía política que la dote de conciencia de clase y política.

 Una vez construya este poder ciudadano colectivo estará en las condiciones ideales para alcanzar en forma legítimamente abrumadora el poder político-institucional del Estado, desde el cual deberá promoverse una revolución política, pero sobre todo económica, social y cultural. Transformación drástica de las relaciones de poder que permitan colocar al pueblo, a las mayorías, en la dirección y protagonismo, permitiendo cimentar las condiciones propias de la democracia que históricamente se nos has negado. Aquella que propicia la mayor libertad posible para la autodeterminación de las personas, la mayor potenciación de sus capacidades y la mayor satisfacción de sus necesidades materiales más básicas para poder desarrollarse dignamente.

 Esto implica adoptar nuevas formas de organización democrática que descentralicen el poder político-institucional tradicional, ideando estructuras nuevas que permitan una participación mucha más efectiva por parte de los ciudadanos. Así mismo la diversificación de instrumentos y procesos de incidencia popular en el control de programa de acción del gobierno, promoviendo una autogestión del pueblo dominicano respecto a las medidas sobre las cuales es su especial destinatario.

Una democracia electoral que permita a los ciudadanos participar en igualdad de condiciones en los procesos electorales, configurándose una especie de discriminación política positiva a favor de quienes se encuentre en situaciones materiales de desigualdad, haciendo énfasis en ese ciudadano llevado a condiciones de igualdad como fundamento del sistema democrático y no la errada concepción liberal que coloca a los partidos en ese lugar.

 Una mayor democracia implica una mayor participación y actuación sobre los espacios públicos y bienes públicos. Es necesario expandir esos espacios y bienes desmercantilizando la vida social de los ciudadanos. Colocar el desarrollo humano colectivo por sobre la lógica de acumulación y ganancia de particulares propia de un sistema capitalista que beneficia unos pocos. Los derechos deben ser derechos, expectativas jurídicas de protección parte del Estado de ciertas prerrogativas fundamentales, no mercancías dejadas al azar del libre juego del mercado.

La democratización de la sociedad debe llegar a todos los ámbitos, incluyendo esencialmente el económico. De nada vale la democratización en otros ámbitos si la concentración económica no permitirá que esta se desarrolle en forma adecuada y acorde con los derechos fundamentales de cada persona. El ciudadano debe tener la facultad de decidir sobre los asuntos más importantes de la vida económica que inciden sobre sus condiciones materiales de existencia, no pudiendo estar dejada esa facultad a los ambiciosos intereses minoritarios de las clases opulentas. Los medios de producción estratégicos que tengan carácter nacional, especialmente aquellos que implican recursos naturales, deben pasar a manos del Estado para una justa distribución de la producción. Por su parte, en caso de aquellos medios producción de menor magnitud, debe fomentarse la propiedad social, comunitaria y cooperativa, donde las relaciones laborales se den en una total igualdad y no se reproduzcan los sistemas de jerarquización actuales. El producto del trabajo en éstos nunca será enajenado a quien lo produce, puesto que los beneficios del mismo serán equitativamente distribuidos entre los trabajados agrupados voluntariamente.

Por último, atendiendo a la brevedad del presente ejercicio de curiosidad y anhelo político, se hace imprescindible la democratización de los medios de comunicación. La importancia en este sentido radica en el efecto que éstos tienen en la conformación de la opinión pública en las personas. La libertad de expresión y la obtención de información veraz y no sujeta a manipulaciones, hace necesario el asalto del pueblo sobre los medios de comunicación, diversificando los mismos y estableciendo limitantes rigurosas a la influencia del capital en la captación oligopólica de los mismos. La opinión publicada no puede seguir determinado el pensamiento dominante de la sociedad, cuando solo la opinión pública es legítima, y esta última pertenece al pueblo y a nadie más.

Son estos solo unos cuantos aspectos necesarios para iniciar la ruta hacia el camino de la democratización y autodeterminación efectiva de nuestro pueblo. Sería el inicio en la construcción de un sistema alternativo en el cual, tal y como decía el profesor Bosch, la democracia no sea una palabra hueca. El comienzo de la verdadera liberación e independencia del pueblo dominicano iniciada por nuestros padres de la patria. Y decimos el inicio por que la democracia que inicie con este umbral mínimo no puede detenerse allí, sino que debe proseguir hacia una cada vez más plena realidad que tenga como finalidad la deseada emancipación del dominicano y el ser humano en sentido general.