El Control Concentrado de Constitucionalidad y su adopción en la República Dominicana

 

I.                    Introducción.

No siempre las Constituciones de los Estados fueron concebidas como instrumentos normativos, es decir, como instrumentos respecto de las cuales se pudieran derivar normas de obligatoria observancia y aplicación. En principio, sobre todo para las corrientes del Derecho derivadas de la familia romano-germánica, dentro de las cuales se ubica el Derecho francés y el Derecho dominicano, las Constituciones tenían un eminente carácter político y constituían manuales de estructuración y funcionamiento de los distintos órganos políticos del Estado.

Aun en los casos en que a la Constitución de un Estado se le atribuyó un carácter normativo, como  sucede con el ejemplo histórico de la Constitución de los Estados Unidos, la cuestión en cuanto al control de la Constitución generó serias discusiones frente a los que entendían que era necesario que dicho control recayera sobre la jurisdicción del Poder Judicial, y quienes entendían que esta competencia debía ser atribuida en conjunto a los órganos políticos –esta última era la llamada teoría Departamentalista-.

No obstante lo anterior, lo cierto es que Estados Unidos tiene el mérito histórico de haber establecido de manera expresa en su Constitución el carácter supremo de la misma, de lo cual se derivarían evidentemente efectos normativos. Luther Martin fue quien propuso incorporar en la primera Constitución de los Estados Unidos la cláusula de supremacía[1]. La pegunta entonces era ¿dónde debía residir la garantía de la supremacía constitucional?

De todas las posiciones respecto a la atribución del control de la Constitución puede decirse que la que tradicionalmente más se ha difundido dentro del marco de las primeras discusiones en este sentido fue la de Alexander Hamilton en El Federalista 78[2]. En respuesta a un artículo del Antifederalista Brutus, en el cual se hacía una crítica a la constitución de lo judicial sobre los gobiernos estatales, Hamilton alegó que los límites que impone la Constitución no podrían ser preservados en la práctica de ninguna otra forma más que por medio de los tribunales de justicia, ya que era mucho más racional suponer que los tribunales estaban diseñados para ser un cuerpo intermedio entre el pueblo y el legislador, para, entre otras cosas, mantener esta última dentro de los límites asignados a su autoridad.[3]

Esta posición fue la que se impuso en la bastantemente conocida decisión de 1803 de la Corte Suprema de los Estados Unidos, en el caso Marbury Vs. Madison[4], donde el Juez Marshall se decantó por la facultad que tienen los jueces para no aplicar una disposición legislativa por contravenir a la Constitución y, por tanto, atentar a su supremacía. Con esta decisión se considera que quedó estatuido plenamente el modelo histórico de justicia constitucional denominado judicial review o control difuso de constitucionalidad, dado que la competencia para ejercer el control no resulta ser atribuida a un solo órgano especializado, sino que dicha competencia se esparce a lo largo de todos los tribunales integrantes del sistema judicial. La garantía de la supremacía constitucional quedaba principalmente sujeta al control judicial que hicieran los jueces ante disposiciones infraconstitucionales que pudieran contravenir a la Constitución.

Pasaría más de un siglo para que la discusión sobre la garantía de la Constitución adquiriera vigencia en Europa Continental, lo cual sucede con la famosa discusión entre el jurista austriaco Hans Kelsen y el jurista Alemán Carl Schmitt en cuanto a la cuestión de a quién debía atribuirse esa garantía. El primero propiciaba atribuir la garantía de la Constitución a un poder jurisdiccional centralizado y especializado, mientras que el segundo, anidado en el control de la constitucional como un control eminentemente político, entendía que la garantía de la Constitución debía quedar bajo la atribución del Presidente.

La posición de Kelsen se impuso y el modelo histórico de justicia constitucional denominado control concentrado de constitucionalidad fue consagrado en las Constituciones de Austria de 1920 y de Checoslovaquia, expandiéndose posteriormente a los demás países de Europa Continental. Tal y como expresa Osvaldo Gozaini, “la nominación como “control concentrado” proviene de la aceptación formal que destina la tarea de controlar la supremacía de la Norma Fundamental en un órgano creado para conocer especial y exclusivamente de los conflictos constitucionales, que se sitúa fuera del apara jurisdiccional clásico (la magistratura ordinaria)”[5].

De lo expresado en párrafo anterior se infieren ciertas características propias de este modelo de justicia constitucional, a saber una competencia única, centralizada y especializada para ejercer el control de constitucionalidad. Pero lo que más nos interesa a los fines de nuestro trabajo es que dicho control se ejerce, en principio, de manera directa y abstracta -es decir no de manera incidental y concreta como en el modelo difuso-.

Cabe destacar que en adición a los modelos tradicionales de justicia constitucional podemos encontrar otros, como por ejemplo un modelo dual que permite a los tribunales del poder judicial ejercer el control difuso y concreto de constitucionalidad, mientras que un órgano especializado ejerce el control concentrado y abstracto. Este modelo es el que ha adoptado la República Dominicana, pero sobre las implicaciones del mismo no abundaremos, ya que como hemos establecido, lo que nos interesa a los fines del presente trabajo es la dimensión abstracta del control concentrado de constitucionalidad.

Podría decirse que el control concentrado de constitucionalidad fue ideado como forma de presentar una teoría de la garantía de la Constitución opuesta a otras, fundamentalmente a dos: 1) la que consideraba que la garantía de la Constitución debía ser atribuida en forma de control político al Presidente, ya sea de una República o Federación –propuesta de Carl Schmitt-; y 2) la que si bien consideraba que la garantía de la Constitución debía tener un carácter jurisdiccional, atribuía la facultad de control a todos los jueces del Poder Judicial de manera difusa.

Sobre la base de los argumentos que a favor de este tipo de control constitucional se opusieron a las otras dos teorías que hemos enunciado, puede encontrarse el sentido en que su configuración técnica y especializada como proceso jurisdiccional se ha desarrollado. En las siguientes páginas nos extenderemos en esta cuestión, haciendo al final acopio de cómo se ha presentado la misma en la República Dominicana.

II.                  Origen histórico del control concentrado de constitucionalidad.

El control concentrado de constitucionalidad tiene su origen en los finales de la segunda década del siglo XX, bajo la égida del gran jurista austriaco y representante del positivismo jurídico, Hans Kelsen. Este jurista fue de las personas más influyentes en la creación del Tribunal Constitucional austriaco e incluso formó parte del mismo entre el año 1921 y el año 1930.

Las constituciones de Austria y Checoslovaquia instauraron este sistema de control constitucional en el año 1920. A pesar de la gran extensión que tendría el modelo concentrado ideado por Kelsen en los países europeos, antes de la Segunda Guerra Mundial sólo Linchtenstein, en el año 1921, y España, en el año 1931, decidieron establece un Tribunal Constitucional con estas facultades de control, en adición a la experiencia de Austria y Checoslovaquia.

Para algunos autores, como por ejemplo Víctor Ferreras Comella, la idea de Kelsen respecto de un Tribunal Constitucional como órgano centralizado y especializado en el control constitucional, no partió de la nada. Ya Georg Jellinek, por el año 1885, había efectuado propuestas para centralizar en el Tribunal Supremo Austriaco alguna forma de control abstracto de la legislación a partir de la Constitución austriaca de 1867[6]. Asimismo, y como dato curioso, ya en Venezuela en 1858 y en Colombia en 1910, se había reconocido a los ciudadanos la posibilidad de atacar directamente y de forma abstracta las leyes que consideraran constitucionales.

Sin embargo, no caben dudas de que el gran teórico del control concentrado y abstracto de constitucionalidad a través de un Tribunal Constitucional fue Hans Kelsen. Fue este autor quien se preocupó más por estructurar un arsenal de argumentos a favor de este tipo de control constitucional, dando el rígor teórico que el posterior desarrollo técnico del mismo requería. Esto Kelsen lo hizo a través de un artículo y un ensayo fundamental sobre este tema: 1) El control judicial de la legislación: Un estudio comparativo de la Constitución de Austria y de Estados Unidos; y 2) La garantía jurisdiccional de la Constitución (La Justicia Constitucional). El segundo de estos trabajos nos servirá bastante para exponer los argumentos a favor del control concentrado de constitucionalidad que originariamente fueron presentados.

Después de la Segunda Guerra Mundial este modelo se expandió a otros países de Europa. Entre los países que fueron haciendo acopio de dicho modelo estuvieron Italia, Alemania, Portugal y España, entre otros, principalmente europeos.

Hoy por hoy el modelo ideado por Kelsen también se ha expandido a distintos países de Latinoamérica, en los cuales se había adoptado previamente el control difuso de constitucionalidad al estilo estadounidense, por lo que de la convergencia de ambas experiencias se estructuraron sistemas mixtos y duales.

III.                Teoría del control concentrado de constitucionalidad.

El trabajo cumbre en el cual podemos encontrar los fundamentos teóricos que permitirían estructurar el control concentrado de constitucionalidad como una técnica de garantía jurisdiccional de la Constitución es, sin dudas, el ya mencionado ensayo “La garantía jurisdiccional de la Constitución (La Justicia Constitucional)” de Hans Kelsen. En este ensayo Kelsen expone los argumentos que le hacen llegar a la conclusión de que el control concentrado de constitucionalidad es el mejor mecanismo para garantizar la supremacía de la Constitución.

Partiendo de la concepción piramidal y jerárquica que establece en su Teoría Pura del Derecho, Kelsen entiende a la Constitución como el instrumento normativo que regula en lo esencial la confección de las leyes, siendo por tanto la legislación, frente a la Constitución, una aplicación del Derecho[7]. Siendo la legislación aplicación de derecho frente a la Constitución, la misma, para ser regular, debe presentar un grado de correspondencia con el texto normativo jerárquicamente superior. De lo contrario, es decir si no existe esa correspondencia, la legislación sería irregular frente a la Constitución. Ante la posibilidad de esta situación, siendo la Constitución la norma suprema del Estado, se hace necesario estructurar un mecanismo para garantizar la regularidad de las leyes. Por ello Kelsen afirma que “garantías de la Constitución significa, entonces, garantías de la regularidad de las normas inmediatamente subordinadas a la Constitución; es decir, esencialmente garantía de la constitucionalidad de las leyes”[8].

Estas garantías de la regularidad y, por tanto, garantías de la constitucionalidad de las leyes, pueden ser, según Kelsen, preventivas o represivas y personales u objetivas. Las garantías preventivas, como su nombre lo indica, tenderían a advertir de manera previa la realización de actos irregulares. En oposición, las garantías represivas reaccionarían contra un acto irregular ya realizado. Por su parte, las garantías personales serían aquellas que refieren a condiciones que deben tener los órganos y las personas que los componen, mientras que las garantías objetivas, que según Kelsen tienen al mismo tiempo un carácter represivo acentuado, son la nulidad o anulabilidad del acto irregular.[9]

De todas estas garantías, Kelsen afirma que la anulación del acto inconstitucional, es decir la garantía objetiva con carácter represivo según lo establecido en el párrafo anterior, es la que representa la garantía principal y más eficaz de la Constitución. Sin embargo, considera necesario que conjuntamente con ésta converjan otras garantías, como sería la garantía preventiva personal que delimitaría la condición especial en que debe estar estructurado el órgano que esté llamado a implementar la garantía objetiva y represiva de la anulabilidad. Por ello, como condición previa para la anulabilidad del acto irregular, es necesario que quede configurado con esa facultad un órgano distinto al que emite ese acto irregular, asegurando así el control.

Sería ingenuidad, dice Kelsen, contar con que el Parlamento anularía una ley votada por él en razón de que otra instancia la hubiera declarado inconstitucional. Por tanto, afirma este autor, no es el Parlamento mismo con quien puede contarse para su subordinación a la Constitución, “es un órgano diferente a él, independiente de él, y por consiguiente, también de cualquier otra autoridad estatal, al que es necesario encargar la anulación de los actos inconstitucionales –esto es, a una jurisdicción o tribunal constitucional-“[10].

La anulabilidad del acto irregular, en este caso de una ley inconstitucional, significa la posibilidad de hacerlo desaparecer con sus consecuencias jurídicas. La anulación supone una decisión que la pronuncie, por lo que ésta es eminentemente jurisdiccional. Si a esto le agregamos que para garantizar plenamente esa anulabilidad el órgano facultado para ello debe ser distinto al que dictó el acto anulable, tenemos que la garantía más idónea para garantizar que un acto irregular sea anulable es que se establezca un órgano jurisdiccional con esa función.

Pero estos son solos los argumentos que justifican la preeminencia de la garantía jurisdiccional para asegurar la constitucionalidad de las leyes frente a otras garantías institucionales. Bien podría atribuirse dicha facultad a todos los tribunales del Poder Judicial, tal y como sucede en los Estados Unidos. Pero en ese punto es donde Kelsen presenta una crítica a esta posibilidad, sobre la base de que la anulación limitada al caso concreto supondría imperfecciones e insuficiencias, entre ellas afectaciones a la seguridad jurídica y a la igualdad, como trataremos más adelante.

Kelsen propone que, aparte de ser la garantía jurisdiccional la más idónea, ésta debe estar confiada a una autoridad única y centralizada, que juzgue de manera abstracta las posibles inconstitucionalidades de las leyes, y en el caso que sea pertinente pronuncie la anulación de las mismas de manera total. Esta autoridad única, centralizada y jurisdiccional, es el Tribunal Constitucional.

IV.                El modelo kelseniano como oposición al judicial review estadounidense: Igualdad y seguridad jurídica.

Como establecimos en el acápite anterior, Kelsen no solo presentó con sus argumentos la idoneidad de que la garantía de la Constitución tuviera un carácter jurisdiccional, sino que también consideró que la facultad de anular las leyes inconstitucionales debía quedar atribuida a una autoridad única, centralizada y especializada. Por estar concentrada está facultad en esta autoridad, es que a este modelo se denomina control concentrado.

Es en este aspecto donde el modelo kelseniano se distingue principalmente del judicial review estadounidense. Mientras el primero atribuye a una autoridad única el control de constitucionalidad de las leyes, el segundo reconoce esa facultad a todos los tribunales del Poder Judicial al momento de conocer casos concretos.

Al tener el judicial review estadounidense o control difuso de constitucionalidad un carácter eminentemente concreto, la anulabilidad de una ley inconstitucional que se pudiera pronunciar solo tiene efectos parciales, y por ello se dice que en estos casos lo que se produce más bien es una desaplicación de la disposición para el caso concreto. Entre las principales características del control difuso de constitucionalidad están, aparte de lo relativo a la competencia compartida de los jueces, el efecto interpartes de la decisión, lo que conlleva a considerar la norma inconstitucional inaplicada al caso concreto -por lo que no resulta ser expulsada del ordenamiento jurídico-.

Esta situación podría no presentar problemas en los países que derivan su Derecho del common law, como es el caso de los Estado Unidos, ya que en los mismos el sistema de precedentes fundado en el principio stare decisis está sumamente arraigado y es plenamente observado. Es muy difícil que una disposición que se considere inconstitucional en un caso concreto sea aplicada a otros casos, principalmente cuando esa inconstitucionalidad ha sido pronunciada por la Corte Suprema.

Sin embargo, en los países que fundamentan su sistema jurídico en el Derecho codificado el sistema de precedentes era prácticamente inexistente y las decisiones de los tribunales superiores no eran vinculantes a los demás. Advirtiendo esto, la posibilidad de que existieran divergencias en el juzgamiento de la constitucionalidad de las leyes y su aplicación en distintos casos era eminente. En este sentido Kelsen expresa lo siguiente:

“Las imperfecciones y la insuficiencia de una anulación limitada al caso concreto son evidentes. Sobre todo la falta de unidad de soluciones y la inseguridad que desagradablemente se hacen sentir cuando un tribunal se abstiene de aplicar un reglamento, o incluso, una ley por irregulares, mientras que otro tribunal hace lo contrario prohibiéndose a las autoridades administrativas, cuando son llamadas a intervenir, a rehusar su aplicación. La centralización del poder para examinar la regularidad de las normas generales, se justifica ciertamente en todos los aspectos. Pero si se resuelve en confiar este control a una autoridad única, entonces es posible abandonar la limitación de la anulación para el caso concreto a favor del sistema de anulación total, es decir, para todos los casos en que la norma hubiera tenido que ser aplicada. Se entiende que un poder tan considerable no puede ser confiado sino a una instancia central suprema.”[11]

Esta falta de unidad de soluciones que se presentaría con el control difuso de constitucionalidad en un país que fundamente su sistema jurídico en el Derecho codificado, supondría la posibilidad de virtuales afectaciones a dos principios jurídicos fundamentales: la seguridad jurídica y la igualdad.

La seguridad jurídica se vería afectada, en tanto la consideración como inconstitucional de un acto variaría entre los distintos jueces que componen al Poder Judicial, por lo que no existiría una unidad de soluciones que permitiera la previsibilidad y certeza que requiere todo sistema jurídico para adecuar correctamente las conductas de las personas a lo que las normas prescriben.

Por otro lado, el principio de igualdad se vería afectado, en el sentido de que para algunos casos ciertos actos serían considerados como inconstitucionales, mientras en otros no, lo que implicaría un juzgamiento desigual. Solo pensemos, por ejemplo, un caso en que una disposición penal que sanciona una determinada acción no sea aplicada por considerarla inconstitucional un juez, pero que otro juez entienda a esta como conforme con la Constitución y la aplique y condene a otra persona en un caso distinto.

V.                  Concepción tradicional del control concentrado constitucionalidad: El legislador negativo.

Al momento de idear el modelo concentrado de control de constitucionalidad, Kelsen atribuyó a éste funciones sumamente limitadas en comparación con las que posee hoy en día.  En la concepción originaria de este modelo de control no se concibió competencia al Tribunal Constitucional como órgano concentrado, para todo lo relacionado con hechos o intereses concretos y sustanciales de la legislación en relación con la Constitución. Tal y como expresa Gascón, “el rasgo definidor del sistema kelseniano residía en la rigurosa exclusión del conocimiento de hechos por parte del juez de constitucionalidad; su tarea queda así rigurosamente circunscrita a un juicio de compatibilidad lógica entre dos enunciados normativos cristalizados, pero carentes de cualquier referencia fáctica, la Constitución y la ley”[12].

Es decir, el control de constitucionalidad se limitaba a la contrastación de dos normas, una legal y otra constitucional, mediante una mera compatibilidad basada en una lógica formalista o procedimental, sin tomar en cuenta el contenido concreto. El Tribunal Constitucional kelseniano se ocupa sólo de los discursos de fundamentación, no de los discursos de aplicación, es decir de las reglas, no de los principios.[13]

Esta posición se desprende de que Kelsen fue un ferviente defensor del positivismo jurídico, distanciando el derecho de la moral, a los fines de poder llegar a concebir una teoría pura del primero. Por esto no estuvo de acuerdo con la inclusión de principios con alto grado de indeterminación en las Constituciones, estableciendo que éstas solo debían contener reglas de carácter procedimental tendentes a ordenar el funcionamiento orgánico de los poderes del Estado.

El Tribunal Constitucional quedó configurado, en esencia, como un legislador negativo, incapaz de controlar los preceptos indeterminados – los cuales deben quedar a disposición del legislador - , por lo que el control adquiría un carácter meramente formal o procedimental. En palabras de Luis Prieto Sanchís, “el sistema norteamericano está diseñado a favor de la supremacía judicial y de los derechos naturales frente al legislador; el sistema kelseniano, en cambio, supone un acto de desconfianza frente a los jueces ordinarios y de restablecimiento de la supremacía del Parlamento ante la actividad libre de los jueces.”[14]

Esta consideración del Tribunal Constitucional como legislador negativo viene del mismo Kelsen. En su configuración original el Tribunal Constitucional solo tendría facultad para anular pura y simplemente la disposición inconstitucional, teniendo esta anulación un efecto similar a la derogación legislativa, puesto que ambas suponen desaparecer a la disposición del ordenamiento jurídico. En palabras de Kelsen, “anular la ley equivale a establecer una norma general, puesto que la anulación de una ley tiene el mismo carácter de generalidad que su confección. No siendo, por así decirlo, más que una confección con signo negativo”[15].

La diferencia fundamental entre la función negativa del Tribunal y la función positiva del Parlamento en la legislación, estribaría, según Kelsen, en que mientras que la anulación de la ley se produce esencialmente en aplicación de las normas de la Constitución, la confección de la misma supone una libertad creadora. La actividad del Tribunal Constitucional, en tanto legislador negativo, estaría absolutamente determinada por la Constitución. Este es uno de los fundamentos que Kelsen utiliza, frente al argumento de la afectación al principio de división de poderes, vista la posibilidad de que un órgano jurisdiccional pueda anular el producto del Poder Legislativo, es decir la ley.

La propuesta original de Kelsen, reduciendo al Tribunal Constitucional a legislador negativo, se presentaba sumamente respetuosa de la función legislativa si la comparamos con la concepción actual de la justicia constitucional. El constante apego a la seguridad jurídica, aparte del principio de división de poderes, es otro fundamento del modelo kelseniano como control limitado a ejercer una vinculación negativa. Muestra de esto es que Kelsen proponía atribuir efectos diferidos a algunas sentencias de inconstitucionalidad, a los fines de que el Parlamento tuviera tiempo para modificar la ley, evitando de esa manera la inseguridad jurídica que se derivaría de la creación de un vacío normativo. Pero más aún, Kelsen llegó a proponer que si una ley es anulada por un tribunal, las disposiciones anteriores que habían sido derogadas por ésta debían adquirir vigencia. Como afirma Víctor Ferreras Comella, esto parece ser “el equivalente jurídico de la resurrección de los muertos”[16].

No obstante esta concepción tradicional derivada de la configuración kelseniana del Tribunal Constitucional ha variado de manera considerable, como veremos en el próximo acápite, lo cierto es que todavía hoy la vinculación negativa de la sentencia anulatoria de una disposición inconstitucional sigue siendo la forma pura y más común en que el control concentrado de constitucionalidad se desarrolla.

VI.                Concepción contemporánea del control concentrado de constitucionalidad.

La concepción tradicional que conminaba al Tribunal Constitucional a ejercer únicamente una especie de función legislativa negativa al momento de anular disposiciones inconstitucionales, ha quedado en el pasado. Si bien todavía hoy la forma más común en que se desarrolla el control concentrado de constitucionalidad es a través de la estimación pura del alegato de inconstitucionalidad, en muchos casos el Tribunal Constitucional ejerce una verdadera función positiva y normativa, pasando de la anulación de Derecho a la confección misma de éste.

En el ejercicio concentrado de la justicia constitucional que desarrolla la jurisdicción especializada para ello, la antigua idea de la mera contraposición entre normas cerradas como objetivo del control, con la limitada función negativa, es variada por una nueva concepción, especialmente orientada a dar respuesta a las nuevas características constitucionales de la posguerra. Según Miguel Revenga Sánchez, esto se debe a la existencia de “constituciones abiertas, con enunciados que no se prestan a formas silogísticas de enjuiciamiento, y un orden constitucional que se va creando y recreando mediante la actuación conforme a aquella de los ciudadanos y de los poderes públicos, incluido el Tribunal Constitucional”[17].

El modelo kelseniano, aunque solo en apariencia, serviría de referencia para la nueva justicia constitucional en lo que refiere al aspecto estructural de la jurisdicción concentrada. Pero en la materialidad de sus funciones, los Tribunales Constitucionales se acercaron al esquema norteamericano del judicial review. Es decir que la otrora concepción de los Tribunales Constitucionales como legisladores negativos fue echada a un lado, dando paso a un papel activo de éstos en la protección material y sustancial de los de los preceptos y principios constitucionales. El jurista dominicano Claudio Aníbal Medrano sintetiza esta realidad en la forma siguiente:

“De tal como, que uno de sus rasgos de mayor relieve a partir de la segunda postguerra consiste en la demostración de la actitud de los tribunales constitucionales en su cotejo del análisis de las normas vigentes sujetas a su control para desarrollar un rol normativo no sólo negativo, en la estela kelseniana, sino también positivo.”[18]

Muchos de los Tribunales Constitucionales actuales, incluyendo el dominicano, han expandido su campo de acción fuera de la vinculación negativa de sus sentencias anulatorias puras, y ahora tienen un arsenal de posibilidades para modular sus decisiones expresando un carácter positivo y normativo en las mismas. A estas sentencias que se apartan de la clasificación pura de sentencias estimatorias y desestimatorias de acciones directas en inconstitucionalidad, la doctrina y la legislación les han denominado “sentencias interpretativas”. La experiencia comparada más importante en el desarrollo de este carácter activo de los Tribunales Constitucionales es la de Italia.[19]

El artículo 47 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales de la República Dominicana, establece de manera expresa la posibilidad que tiene el Tribunal Constitucional para dictar sentencias interpretativas fuera de la clasificación pura de estimación o desestimación de la acción. Con esta Ley del año 2011 se reconoce por vez primera esta posibilidad en el control concentrado de constitucionalidad de la República Dominicana.

La función positiva y normativa que hoy en día tienen los Tribunales Constitucionales actuando en el control concentrado de constitucionalidad, tiene que ver principalmente con su facultad para modular sus decisiones. La modulación de sentencias puede ser definida “como una técnica utilizada por los jueces, generalmente en el control de constitucionalidad, para determinar el sentido o sentidos en que o no ser interpretada una disposición, así como para establecer las normas derivadas directa o indirectamente de la disposición que están acordes o no con la Constitución”[20].

Esta modulación opera, principalmente, ante la aplicación al juicio abstracto de constitucionalidad de disposiciones constitucionales a partir de las cuales puedan derivarse distintas normas, tomando como base la distinción que la teoría del Derecho hace de los conceptos disposición y norma[21]. Esta derivación de normas de las disposiciones constitucionales se acentúa en aquellos supuestos que no se prestan a formas silogísticas de enjuiciamiento, por lo que en estos casos la interpretación jurídica juega un papel predominante. Precisamente uno de los primeros fundamentos de esta facultad de modulación de sentencias fue el denominado principio de interpretación conforme, según el cual, ante distintas interpretaciones de una disposición que está siendo enjuiciada, debe preferirse aquella que sea más conforme con la Constitución. Esta labor interpretativa revela una innegable función creativa del Tribunal Constitucional en determinar cuáles normas de una misma disposición serían constitucionales o no, contrario a la concepción tradicional que se limitaba a enjuiciar de manera formal y mecánica la disposición.

VII.              Control concentrado de constitucionalidad en República Dominicana.

La doctrina tradicional dominicana ha establecido que desde la primera Constitución de la República Dominicana, esto es la Constitución de San Cristóbal del 6 de noviembre del año 1844, estaba consagrada en nuestro país la garantía jurisdiccional de la Constitucional a través del modelo estadounidense del judicial review o control difuso de constitucionalidad.

Esta idea ha tenido su fundamento en algunas las disposiciones que establecía dicha Constitución. Por ejemplo, el artículo 35 de la misma expresaba que no podría “hacerse ninguna ley contraria ni a 'la letra ni, al espíritu de la Constitución: en caso de duda, el texto de la Constitución debe siempre prevalecer”. El artículo 125 establecía que ningún Tribunal podría “aplicar una ley inconstitucional, ni los decretos y reglamentos de administración general, sino en tanto que sean conformes a las leyes.” Por solo citar estas dos disposiciones.

Sin embargo, somos de opinión de que estas disposiciones constitucionales únicamente revelaban de manera formal la supremacía de la Constitución, lo que no necesariamente implicaba que la garantía de esa supremacía constitucional tuviera un carácter jurisdiccional.

Los propios franceses, que como ya sabemos eran reacios a la posibilidad de que los jueces pudieran negarse a aplicar la ley en casos concretos, reconocían el carácter supremo de la Constitución. Una muestra evidente de ello fue la especial rigidez que dieron a la misma con un procedimiento de reforma más calificado que el de las leyes ordinarias.

En este sentido, estamos de acuerdo con la doctrina minoritaria –por no decir única- que representa el jurista dominicano Cristóbal Rodríguez Gómez, y que defiende la tesis histórica de que “en nuestra Constitución, el principio de supremacía constitucional no fue un principio jurídicamente protegido”[22]. Este autor revela como lo que verdaderamente existía era un control constitucional atribuido al Congreso, y que se manifestaba, entre otros aspectos, con la obligatoriedad que tenían los jueces para consultar al Congreso a través de la Suprema Corte de Justicia sobre la “inteligencia de las leyes”, según prescribía el artículo 134 de la Constitución de 1844. Esta consulta no era más que la versión constitucional dominicana del denominado référé législatif establecido de manera legal en Francia en el año 1790. A través de este mecanismo “el parlamento calificaría el significado de la norma aplicable”[23].

Por ello que, no obstante encontrarse consagradas diversas disposiciones constitucionales similares a las establecidas en la primera Constitución de los Estados Unidos, éstas tenían una invocación más de carácter político que normativo, manteniéndose en la realidad la preeminencia de la expresión del Congreso conforme al modelo francés. Recordemos que aun en el caso de Estados Unidos, cuya Constitución establecía de manera expresa la cláusula de supremacía constitucional, tuvieron que producirse acontecimientos muy puntuales para que se admitiera el judicial review, entre ellos principalmente la sentencia en el caso Marbury Vs. Madison. En nuestro país no se produjeron decisiones similares.

No es hasta las Constituciones de los años 1874 y 1875 que en la República Dominicana se establece de manera expresa la competencia jurisdiccional de control de la constitucionalidad, en este caso a la Suprema Corte de Justicia. El jurista Miguel Valera ha expresado que al atribuírsele de manera exclusiva dicha competencia a la Suprema Corte de Justicia, a través de la misma se incorporó el modelo concentrado de constitucionalidad en la República Dominicana. Sin embargo, tal y como se colige de la posición de Cristóbal Rodríguez, la Suprema Corte de Justicia conocía de las inconstitucionalidades en su condición de tribunal de alzada, no como consecuencia de una acción directa y abstracta de inconstitucionalidad, lo que evidentemente supone la necesidad de un juicio concreto y, por tanto, reflejaría la existencia de un modelo difuso de constitucionalidad[24].

Este modelo difuso de constitucionalidad instaurado en las Constituciones de 1874 y 1875 duraría poco, puesto que la Constitución de 1877 obvió estas disposiciones retornando al modelo anterior, que era como ya hemos dicho un modelo de control político a través del Congreso. En la Constitución del año 1908 se retoma nuevamente el control jurisdiccional de la constitucional a través del modelo difuso.

Es con la Constitución del año 1924 que se instaura en la República Dominicana el control concentrado de constitucionalidad, estableciendo el artículo 67, numeral 5 de dicho texto, que la Suprema Corte de Justicia tendría la facultad de conocer sobre la constitucionalidad de las leyes. Es curioso que dicho modelo haya sido adoptado en la República Dominicana solo cuatro años después de haber sido promovido por Kelsen en la Constitución austriaca. Pero éste no duraría mucho y con la Constitución del año 1927 fue eliminado, retomándose el mismo en la Constitución del año 1994.

Con la Constitución del año 2010 se crea un Tribunal Constitucional como órgano jurisdiccional especializado para conocer, entre otras competencias, de las acciones directas de inconstitucionalidad bajo el modelo de control concretado de constitucionalidad, con la particularidad de que sus decisiones constituyen precedentes vinculantes a todos los poderes públicos. Esta facultad la desarrolla a la par con el control difuso de constitucionalidad que ejercen todos los jueces del Poder Judicial, por lo que en la República Dominicana tenemos un modelo mixto.

Uno de los aspectos más importantes que se han derivado de la creación del Tribunal Constitucional es la esquematización y sistematización de los procesos constitucionales a través de la Ley No. 137-11 del año 2011. Muchas cuestiones que habían sido manejadas recurriendo directamente a la Constitución y a través de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, ahora han sido concretizadas y configuradas, en principio, en la normativa orgánica que regula los procesos constitucionales.

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[1] KRAMER, Larry D.: Constitucionalismo popular y control de constitucionalidad. Traducción de Paola Bergallo, Marcial Pons, Buenos Aires, 2011, p. 100.

[2] No obstante esto ya el Juez Iredell había desarrollado ideas sobre la cuestión y para muchos la decisión del Juez Coke en el Bordhan Case es el primer precedente del control judicial de la constitucionalidad o judicial review.

[3] KRAMER, Larry D. Op. Cit. p. 106.

[4] Consideramos que esta decisión está en algún sentido sobrevalorada dentro de la historia de la justicia constitucional. Sin embargo ese es un tema propio de otro trabajo.

[5] GOZAINI ALFREDO, Osvaldo: Introducción al Derecho Procesal Constitucional. Rubinzal – Culzoni Editores, Primera Edición, Santa Fe, 2006. P. 122.

[6] FERRERAS COMELLA, Víctor: Una defensa del modelo europeo de control de constitucionalidad. Primera edición, Marcial Pons, Madrid, 2011, p. 26.

[7] KELSEN, Hans: La Garantía Jurisdiccional de la Constitución (La Justicia Constitucional). Primera edición, Instituto de Investigaciones Jurídica, Universidad Nacional Autónoma de México, 2001, p. 13.

[8] IBIDEM p. 14.

[9] IBIDEM, p. 31 y ss.

[10] IBIDEM, p. 40 y ss.

[11] IBIDEM, p. 38.

[12] GASCON, M. “La Justicia Constitucional: entre legislación y jurisdicción”, En Revista Española de de Derecho Constitucional, No. 41, 1994, p. 64. Citado por PRIETO SANCHIS, Luis, “Tribunal Constitucional y positivismo jurídico”, Doxa 23, Madrid, 2000, p. 169.

[13] IBIDEM, p. 170.

[14] IBIDEM, p. 171.

[15] KELSEN, Hans. Op. Cit., p.

[16] FERRERAS COMELLA, Víctor. Op. Cit. p. 60.

[17] REVENGA SANCHEZ, Miguel: Notas sobre justicia constitucional e interpretación de la Constitución (o en defensa de la interpretación como diálogo. UNED, Teoría y Realidad Constitucional, núm 16, Madrid, 2005, pp. 141-158.

[18] MEDRANO MEJIA, Claudio Aníbal: El control abstracto de constitucionalidad. En SAGUES, Néstor Pedro y VAZQUEZ SAMUEL, Lino (Coord): VII Encuentro Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional.  Tomo II, Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional, Santo Domingo, 2011, p. 132.

[19] Para un estudio de las sentencias constitucionales en Italia ver: MARTIN DE LA VEGA, Augusto: La sentencia constitucional en Italia. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2003.

[20] EZQUIAGA GANUZAS F.J.: Diez años de fallos constitucionales sentencias interpretativas y poder normativo del Tribunal Constitucional. En Revista Vasca de Administración Pública, n° 31, 1991, LAFUENTE BALLE J.M., La judicialización de la interpretación constitucional, Colex, Madrid, 2000

[21] Respecto a esta distinción nos referiremos en el Capítulo IV.

[22] RODRIGUEZ GOMEZ, Cristóbal: El control jurisdiccional de constitucionalidad de la ley. P. 35.

[23] FERRERAS COMELLA, Víctor. Op. Cit. p. 41.

[24] RODRIGUEZ GOMEZ, Cristóbal. Op. Cit., p. 38 y ss.

Breves comentarios sobre teoría política y el Estado: Maquiavelo, Hobbes y Kant.

Uno de los rasgos principales del pensamiento político moderno es la desintegración de los planos moral y político que otrora aparecían integrados en las teorías clásicas. Maquiavelo suele identificarse como el pionero en la demarcación del pensamiento político moderno respecto de la antigüedad, especialmente por la distinción que su obra refleja en los planos anteriormente citados.

En la antigüedad la política era considerada como un medio para alcanzar un fin moral. Sin embargo, con la modernidad los fines morales procurados a través de la política, como por ejemplo la virtud o el honor, se dejarían de lado en procura de otros, especialmente el interés propio (en sentido político). Con la llegada de la modernidad la libertad cambia completamente de sentido y pasa de descansar sobre un sujeto virtuoso en unión moral con el cuerpo político, al sentimiento subjetivo de la seguridad individual.

Esta particularidad del pensamiento moderno es indispensable para comprender las razones que justificaron las construcciones teóricas que algunos autores hicieron sobre el Estado. Ya lo importante no es que la moral pueda expresarse dentro del ámbito político como forma de la realización humana, sino que, ante determinados presupuestos metafísicos sobre la naturaleza humana, se hace necesario que la política garantice paz y estabilidad.

El presupuesto metafísico sobre la naturaleza humana al que hemos hecho referencia suele denominarse pesimismo antropológico. Es un presupuesto metafísico precisamente porque parte de una preconcepción abstracta no demostrable empíricamente. A lo que el mismo refiere, en palabras breves y sencillas,  es de considerar a los seres humanos como seres que poseen una serie de cualidades negativas por naturaleza, ante las cuales debe imponerse un poder superior mediador que pueda contenerlas para evitar la destrucción de unos contra otros.

Dentro de los pensadores paradigmáticos de la modernidad se encuentra, como ya expresáramos, Nicolás Maquiavelo. Su principal obra, El Príncipe, se dedica a ofrecer consejos para garantizar el mantenimiento del Poder y la obediencia de los súbditos. Algunos pasajes de esta obra demuestran que Maquiavelo sería parte de esa corriente de pensadores que incurren en un pesimismo antropológico.

Por ejemplo, al referirse al ámbito militar de una Nación, Maquiavelo sostiene que ningún principado puede estar seguro cuando no tiene armas que le pertenezcan en propiedad.  En esta afirmación se nota claramente el predominio de la idea de que una Nación siempre está en peligro de ser atacada por otra, por lo que debe contar con las condiciones de poder para garantizar su seguridad.

Por otro lado, refiriéndose a la situación que se presenta ante dos hombres con condiciones desiguales de defensa, Maquiavelo sostiene que “la razón y la experiencia nos enseñan que el hombre que se halla armado no obedece con gusto al que está desarmado, y que el amo desarmado no se encuentra seguro entre sirvientes armados.” Este pasaje refleja claramente una idea muy propia del pesimismo antropológico: la de que los hombres desconfían por naturaleza los unos de los otros.

En resumen, Maquiavelo parte de un orden en el cual lo que las personas procuran es el interés propio, no así la virtud o el honor. Partiendo de dicha idea, realiza una serie de consejos al Príncipe a fin de que su interés pueda prevalecer frente a los demás, especialmente tomando en cuenta los intereses que mueven a las personas a tomar posición o simpatías en determinados sentidos.

Sin embargo, el Príncipe ignoró la cuestión de la legitimidad del orden, lo cual fue tratado por otros autores de la modernidad. Su obra se limita a las recomendaciones astutas a un príncipe para alcanzar el poder y mantenerse, pero al no abordar la cuestión de la legitimidad la debilidad recaía en la imposibilidad de generar lealtades sostenidas en el tiempo que impidieran la constante recurrencia a la coerción como forma de generar obediencia. De ahí que a esta obra se le endilgue el hecho de no trazar una teoría del Estado, siendo la estrategia desarrollada por Maquiavelo débil para la constitución y mantenimiento de un orden político.

Hobbes es otro de los pensadores modernos que puede enmarcarse en el pesimismo antropológico, quizá el que más. En su principal obra, El Leviatán, analiza condiciones de las que adolecen los seres humanos en lo que denomina estado de naturaleza –que sería un estadio previo al estado civil que surge del contrato social- y en el cual considera que los hombres viven en constante posibilidad de guerra. Hobbes sostiene que la naturaleza del hombre tiene tres principales causas de discordia que demuestran su incursión dentro del pesimismo antropológico: 1) La competencia; 2) La desconfianza; y 3) La gloria.

La primera de las causas anteriormente citadas impulsaría a los hombres a atacarse para lograr beneficios, la segunda para lograr seguridad y la tercera para ganar reputación. Las mismas llevarían a los hombres al estado constante de guerra de todos contra todos al que ya hemos hecho referencia.

Para superar este estado de cosas propone un poder común que atemorice a todos y al cual se llegue mediante la manifestación del arbitrio o voluntad de las personas en un contrato social a través del cual ceden autoridad para que una entidad superior les garantice paz. Por la idea de temor común es que Hobbes denomina a esta entidad como Leviatán, nombre bíblico que representa a un monstruo marino. Este monstruo sería el Estado moderno.

En Hobbes se visualizan nítidamente algunas ideas de la modernidad respecto del Estado. En primer lugar, se concibe a la política como un espacio de conflicto que debe ser mediado a través de un ente que pueda imponer autoridad. Este ente, considerado como Estado, se constituye como una asociación artificial, por lo cual la modernidad no concibe a la comunidad política como algo natural. Se trata de una constitución que retrospectivamente se visualiza como un contrato social en el cual las personas ofrecen obediencia a cambio de la protección que no tendrían en el estado de naturaleza caracterizado por la guerra de los todos contra todos.

Por lo anterior, para los modernos la solución teórica al problema de la maldad intrínseca y natural de los seres humanos sería el establecimiento de un Estado a través de un acuerdo racional y voluntario y mediante el cual se renuncia a ciertas libertades para obtener una mayor seguridad.

Otro de los pensadores donde se pueden encontrar aspectos vinculados al pesimismo antropológico es Kant. La diferencia con los otros autores tal vez radica en que Kant dedicó sus energías a buscar una superación de otro estado de naturaleza distinto al de las personas: el de los Estados en el ordenamiento internacional.

Respecto al caos interno, Kant propuso que los Estados debían fundamentarse en una Constitución civil de carácter republicano. Para el autor, dicha constitución debería reunir una serie de principios. En primer lugar, la libertad de los miembros de una sociedad en cuanto hombres. En segundo lugar, la dependencia de todos respecto de una legislación común en tanto súbditos.  Esta sería la primera condición para a su vez evitar el caos internacional y garantizar la paz.

Si bien a lo interno de los Estados existiría ese poder común que puede garantizar la seguridad de los ciudadanos, tal y como entendía Hobbes, en el ámbito internacional y de las relaciones entre Estados persiste un estado de naturaleza con las potenciales amenazas de las que ya hemos hablado. En su obra, Por la Paz Perpetua, Kant delimitó las condiciones bajo las cuales sería posible garantizar la paz y la seguridad entre los Estados. De dichas condiciones las dos principales serían la organización interna de los Estados en base a una Constitución republicana y la creación de una confederación de Estados libres mediante el consentimiento de una Constitución internacional similar a las constituciones internas. 

Esta propuesta de Kant sería posteriormente ejemplificada en la Organización de las Naciones Unidas que surge como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, todavía hoy estamos bastante alejados de la idea de confederación de Estados unidos bajo una Constitución que desarrolló Kant en su obra Por la Paz Perpetua. Por el contrario, aparentemente estamos asistiendo a un retorno de los nacionalismos y a un rechazo cada vez más creciente de esa ciudadanía cosmopolita a la que aspiraba Kant.

Sobre la "La Razón Populista" de Ernesto Laclau (2/2)

 

En una primera parte de esta entrada comenté algunos aspectos centrales del libro “La Razón Populista” de Ernesto Laclau, entre ellos la noción de “populismo” y los elementos que la estructuran en los hechos: 1) La formación de una frontera interna antagónica que separa el pueblo del poder; y 2) La articulación equivalencial de demandas que hacen posible el surgimiento del pueblo; 3) La unificación de las demandas en torno a un significante vacío.

En esta segunda parte trataré otros aspectos que complementan a los ya citados y que forman parte de la teoría que Laclau desarrolla en el libro comentado. Se trata de los conceptos de significantes flotantes y heterogeneidad social. A través de los mismos Laclau fortalece la versión simplificada de su teoría ante escenarios mucho más complejos, que son los que usualmente predominan.

Como ya había explicado en la primera parte, un significante vacío se genera a partir de la asunción de una demanda particular como totalizadora de las otras demandas. Pero Laclau advierte que la generación de dicho significante vacío está sometida a una tensión inestable entre dos extremos: la subordinación de las demandas particulares al significante vacío y la autonomización de la demanda que constituye dicho significante. La unitelarización del momento de subordinación, según Laclau, convertiría a los significantes populares “en una entelequia inoperante incapaz de actuar como fundamento para las demandas democráticas.” Por otro lado, la autonomización más allá de cierto límite conduciría a “una lógica pura de las diferencias y al colapso del campo equivalencial”.

Lo que Laclau pretende expresar reside en lo siguiente: Si bien es cierto que un significante vacío se constituye a partir de una demanda particular incluida una cadena equivalencial de demandas y que pasa a representarse como universal, la subordinación de las demás demandas no puede llegar a un punto en que dicho significante no reciba cierta presión de éstas. Lo contrario, tal y como expresa Laclau, conduciría a la inoperancia del significante vacío como elemente unificador de las demandas.

Por otro lado, una autonomización extrema de la demanda convertida en significante vacío, la emergencia de su particularismo por sobre su función totalizante, terminaría en una segmentación de dicha demanda y las demás, pasando de una lógica de las equivalencias a una lógica de las diferencias. Es decir, de ser irresolubles de manera particular al formar parte de una cadena amplia que encuentra solidez en el significante vacío, pasarían a ser resueltas una por una y de manera diferencial. Se trata de la expresión de lo político en el primer caso, y de la simple administración institucional en el segundo.

Aparte de esta tensión inherente a la constitución del significante vacío, Laclau identifica otra de igual o mayor importancia en la operación populista. Como quedó expresado en la entrada anterior, aparte del significante vacío que sirve de unificación de las demandas, para que una operación populista sea exitosa es necesario la generación de una frontera dicotómica (El pueblo Vs. “El Poder”). Laclau sostiene que puede ser posible que, sin llegar a desaparecer, la frontera dicotómica se desdibuje como consecuencia de que “el régimen opresivo se vuelve el mismo hegemónico, es decir, intenta interrumpir la cadena equivalencial del campo popular mediante una cadena equivalencial alternativa, en la cual algunas de las demandas son articuladas con eslabones totalmente diferentes.”

De lo que se trata en estos casos es que las mismas demandas reciben la presión estructural de proyectos hegemónicos rivales. Según Laclau esto genera una autonomía del significante popular distinta a la que anteriormente he mencionado. Ya no se trata de que el particularismo de la demanda se hace independiente de la articulación equivalencial, “sino que su sentido permanece indeciso entre fronteras equivalenciales alternativas.” Por considerar que el sentido de estos significantes no se encuentra definido y, en cambio, se encuentra suspendido, Laclau los denomina significantes flotantes.

El libro coloca un ejemplo muy ilustrativo para explicar la tensión que lleva a un significante a un estado de suspensión y, por tanto, a ser considerado como flotante. Laclau hace referencia al caso estadounidense. Según el autor hubo un momento en que la defensa del “hombre humilde” (small man) contra el poder, dejó de asociarse con el discurso de la izquierda estadounidense, como en el caso del New Deal, y comienza a vincularse con la “mayoría moral”, usualmente vinculada a la derecha. Pensemos contemporáneamente en el “make america great again” de Donal Trump y en las adherencias que ha conseguido en la población blanca y trabajadora de los Estados Unidos.[1]

En el caso dominicano me parece que existe un ejemplo histórico que permite ilustrar el funcionamiento de un significante flotante y la presión generada por campos rivales para apropiarse del mismo. Se trata de la demanda por la “reforma agraria”. En principio una demanda propia de los sectores de izquierda y progresistas de la República Dominicana, pero que terminaría siendo en parte apropiada por Joaquín Balaguer durante los muy conocidos 12 años.

Lo anterior no es más que una dinámica propia de la hegemonía, la cual tiene dos características que me interesan resaltar en estos momentos: es siempre inestable y contestada. El modo en que se va definir el sentido del significante dependerá precisamente de una lucha hegemónica, es decir, de una lucha por hacer un proyecto hegemónico. En el caso dominicano no caben dudas de cual proyecto terminó siendo hegemónico.

Laclau sostiene que “las categorías de significantes vacíos y flotantes son estructuralmente diferentes. La primera tiene que ver con la construcción de una identidad popular una vez que la presencia de una frontera estable se da por sentada; la segunda intenta aprehender conceptualmente la lógica de los desplazamientos de esa frontera.” Mientras que los significantes vacíos parten de la constitución de una frontera dicotómica estable, los significantes flotantes parten de una frontera dicotómica inestable, sujeta a desplazamientos. ¿De qué lado se pondría el campesino dominicano? ¿Del lado del balaguerismo o del antibalaguerismo? ¿Quién podía articular mejor sus demandas y darles sentido a través de significantes? Este tipo de cuestionamiento precisamente refiere al desplazamiento de la frontera dicotómica como consecuencia del surgimiento de significantes flotantes.

Otro aspecto desarrollado por Laclau en su libro tiene que ver con la cuestión de la heterogeneidad social y está directamente vinculado, al igual que la cuestión de los significantes flotantes, con la constitución de la frontera antagónica que tanto he mencionado.

Como he expresado más arriba, si bien la constitución de un significante vacío implica que una demanda particular dentro de una cadena equivalencial de demandas asuma un carácter universal, esto no podría conllevar que las demandas que integran la cadena pierdan toda particularidad. El significante, para no quedar convertido en una “entelequia inoperante”, debe recibir cierta presión de los particularismos de las demandas que articula. Al final, el hecho de que todas las demandas individuales en su propia individualidad se oponen al mismo régimen opresivo “es la razón de que pueda establecerse una comunidad equivalencial entre ellas.”

Sucede que una demanda puede no ser incorporada a la cadena equivalencial porque se opone “a los objetivos particulares de demandas que ya son eslabones de esa cadena”. En este punto Laclau pasa a sostener que una cadena equivalencial no solo se opone a un poder antagónico, “sino también a algo que no tiene acceso a un espacio general de representación.” Sin embargo, aclara, oponerse en este caso no es lo mismo, ya que un campo antagónico es representado como el inverso negativo de una identidad popular que es inherente a la constitución de la misma, mientras que la oposición de ese “algo” que no tiene acceso a representación es un simple “dejar a parte”, no da sentido a la identidad de lo que está adentro. Este “algo a parte”, esta exterioridad, es lo que lo Laclau denomina heterogeneidad social.

Al igual que un significante puede verse suspendido de conformidad con la lógica de los significantes flotantes a los que ya he hecho referencia, esta exterioridad considerada como heterogeneidad social no se encuentra nítidamente identificable. Muy por el contrario, se ve constantemente en una tensión con lo “interno” y “homogéneo”, por lo que la discusión para Laclau pasa a reinscribirse en las identidades populares dentro de una compleja articulación entre lo heterogéneo y homogéneo. Esta tensión se justifica por el hecho de que no existe un terreno dominado por la homogeneidad pura o la representabilidad plena, es decir, no existe un terreno donde el “pueblo” y su “otro antagónico” se encuentren previamente determinados en un espacio absolutamente saturado. Toda internalidad va estar siempre “amenazada por una heterogeneidad que nunca es exterioridad pura porque habita en la propia lógica de la constitución interna.”

Para Laclau el antagonismo que permite constituir la frontera política siempre parte de la heterogeneidad, es decir, de elementos no homogéneos y externos a la propia fuerza antagonizante. Lo que esto quiere decir es que en la constitución de la relación antagónica no existen “puntos privilegiados de ruptura y disputa a priori; los puntos antagónicos particularmente intensos sólo pueden ser establecidos contextualmente y nunca deducidos de la lógica interna de ninguna de las dos fuerzas enfrentadas tomadas en forma aislada.”

A partir de esta idea Laclau fundamenta su crítica al marxismo clásico, el cual, bajo lo que el autor considera como “esencialismo de clase”, coloca a la relación proletariado-burguesía como una relación antagónica preestablecida y dada al margen de todo contexto y contingencia. En su concepción, “no hay motivo para que las luchas que tienen lugar dentro de las relaciones de producción deban ser los puntos privilegiados de una lucha global anticapitalista.” En definitiva: “es imposible determinar a priori quiénes van a ser los actor hegemónicos en esa lucha.”

La construcción del pueblo no pasa por una frontera antagónica que ve los bandos colocados de manera predeterminada, tal y como supuestamente hace el marxismo clásico. En dicha tradición el pueblo es asimilado con el proletariado y el poder opresor con la burguesía, estando determinado el antagonismo en una cuestión aparentemente objetiva y general: Las relaciones sociales de producción y la colocación de uno y otro frente a los medios de producción. Toda parte colocada al margen de esta posición objetiva frente a los medios de producción sería considerada como un exterior[2], como parte relegada a los intersticios de la historia, incapaz, por tanto, de convertirse en sujeto histórico. Aquí lo común de las demandas en la cadena equivalencial estaría justificado en la oposición a la explotación de la burguesía y dicha oposición estaría probada en el hecho objetivo de la explotación[3] misma -generación de plusvalor como consecuencia de la apropiación de parte del trabajo-.

Al contrario, Laclau sostiene, como ya he establecido, que esta representación plena y absoluta de la frontera antagónica no es posible y que la representación de esta última siempre está sujeta a desplazamientos provocados por la intervención del “exterior”, el cual precisamente se vuelve constitutivo de la identidad popular y, por tanto, de la propia frontera antagónica. La constitución de la identidad popular no estará explicada por la posición objetiva -explotación- del proletario frente a los medios de producción, sino por la motivación externa a dicha posición objetiva que se construya a partir de la articulación con otros actores políticos -“externos”-, como por ejemplo el campesinado, el lumpemproletariado, etc.

Por todo lo anterior, es a partir de cada lucha hegemónica concreta y situada que se determinan cuáles actores políticos se identificarán con el pueblo, cuáles serán considerados como antagonistas del mismo y qué segmento sencillamente quedará en el exterior del espacio de representación dominado por la frontera antagónica entre los dos primeros. La forma en que de manera contingente se construye la frontera entre el pueblo y su antagónico es explicada por la operación de los significantes flotantes. Por otro lado, la forma en que de manera contingente se identifican como pueblo a determinados actores sociales que no han sido predeterminados, es explicada por la operación de la heterogeneidad social y la tensión constante entre lo “interno” y lo “externo”. Con ello Laclau da cierre a su teoría general sobre el populismo.

[1] Esta entrada la escribí algunas semanas antes de las más recientes elecciones estadounidenses, en las cuales quedó comprobado como el populismo, en tanto lógica de expresión de lo político, puede darle cauce a un proyecto de derecha como el defendido por Donald Trump.

[2] Piénsese, por ejemplo, en el lumpemproletariado o la pequeña burguesía.

[3] Es bueno aclarar, ya que suele haber mucha confusión en dicho sentido, que para Marx la explotación no tiene precisamente el sentido que comúnmente le atribuimos. No se considera la explotación necesariamente como un “abuso”, un “mal trato”, entre otros que evidentemente refieren una percepción subjetiva. Para Marx la explotación es un hecho objetivo explicado en la siguiente situación: Los trabajadores dedican un mayor tiempo de trabajo del que realmente se le es retribuido por su fuerza de trabajo. A esta diferencia se le llama plusvalía y la operación que la permite es a lo que Marx llama explotación. De esta explicación se deriva que en términos marxistas cuando hablamos de proletariado no se trata de un sinónimo de “probres”, aunque usualmente el proletariado tenga escasos ingresos. Igual, al hablar de burguesía no se trata de un sinónimo de ricos, aunque usualmente la burguesía tenga considerables ingresos. Se trata de dos clases cuya constitución parte de su posición objetiva frente a los medios de producción y, sobre todo, a la cuestión de la explotación.

Sobre "La Razón Populista" de Ernesto Laclau (1/2)

Si existe una pregunta y una consecuente respuesta para resumir la teoría desarrollada por Ernesto Laclau en “La razón populista”, esa pregunta y esa respuesta serían las siguientes: ¿Qué es el “pueblo”? El “pueblo” es la lucha. En esta entrada –que será dividida en dos partes- realizo algunos comentarios sobre el pensamiento de Laclau en el libro citado, claro está, bajo la advertencia de la evidente generalidad de los mismos dadas las condicionantes de un espacio como éste.

Ernesto Laclau fue un pensador argentino que desarrolló la mayor parte su obra en Europa, sobre todo en Inglaterra. Junto con quien hoy es su viuda, Chantal Mouffe, usualmente es ubicado dentro de los pensadores políticos denominados como “posmarxistas”[1]. Es muy conocido por sus teorías sobre el “populismo” y discutido ampliamente en los espacios de pensamiento político. Su libro “La razón populista” precisamente concentra sus ideas respecto a este tema de gran relevancia en la política actual.

Las razones que me llevaron a leer “La razón populista” se encuentran altamente vinculadas con lo latente de su contenido en la discusión política vigente. Por demás, ya había leído algunos trabajos de Laclau de menor extensión y me generaron bastante empatía las breves explicaciones del fenómeno populista dadas en los mismos. Se trata de una visión que trastoca las inferencias de sentido común derivadas de la excesiva connotación negativa que usualmente se le da al término “populismo”. Por último, me pareció necesario estudiar el libro para compartir mis propias reflexiones y ofrecer un sentido distinto a aquellas que se han producido en el país sobre el pensamiento de Laclau.[2]

Lo primero es que el contenido del libro puede resultar un poco complejo y por tanto requiere de un poco de paciencia para su lectura, además de una complementación de información a medida que se va avanzando en él. [3] Por ello mis comentarios serán meramente aproximativos y en base a lo que pude captar. Cualquier opinión divergente sobre lo aquí expresado es por tanto bienvenida y permitiría enriquecer más el análisis a través de su problematización.

Laclau desarrolla ideas propias de la teoría política, la psicología social, el psicoanálisis, la lingüística, la filosofía, etc., y para entender algunos pasajes del libro es necesario tener conocimientos mínimos en estas ramas. Sin embargo, entiendo que el aparato teórico fundamental para manejar nociones previas que permitan entender a Laclau viene dado por el pensamiento de Antonio Gramsci y su conceptualización de la “hegemonía.”

El prefacio del libro plasma el fundamento del enfoque atribuido a las ideas contenidas en el mismo. Según Laclau, dicho enfoque “parte de una insatisfacción básica con las perspectivas sociológicas que, o bien consideraban al grupo como la unidad básica del análisis social, o bien intentaban trascender a esa unidad a través de paradigmas holísticos, funcionalistas o estructuralistas.” A partir de esta insatisfacción su trabajo va dirigido a procurar una superación de estos abordajes y a explicar bajo otros supuestos la lógica de la formación de las identidades colectivas. Mientras para los enfoques citados la unidad de análisis es el grupo -como predeterminado-, para Laclau dicha unidad de análisis serán las demandas, explicando como a través de la articulación de las mismas se constituye el grupo –es decir que no sería  predeterminado sino consecuencia de dicha articulación-. El “populismo” sería la lógica social a través de la cual esta articulación se produce. No es un fenómeno delimitable, sino un modo de construir “lo político”.

Con lo dicho anteriormente quedan claras algunas cosas. El populismo no es una “algo” delimitable, tampoco una ideología, corriente de pensamiento u otras cuestiones con las que usualmente se confunde. El populismo es más bien una dinámica, un quehacer, una forma, un modo de operar a través del cual “lo político” se manifiesta en una sociedad. Ya sea el nacionalsocialismo alemán o la revolución francesa, a lo que el populismo refiere no es tanto al contenido de un proyecto que se hace hegemónico, sino a la forma en que dicho proyecto adquiere esa hegemonía.

Esta forma tiene como parte inherente a sí la introducción de elementos retóricos y nominaciones –referencia a palabras- que no pueden ser aprehendidas conceptualmente. Por esta razón una de las principales críticas al populismo va dirigida a la supuesta irracionalidad y vacío argumentativo y conceptual que se deriva del mismo. Sin embargo, Laclau entiende a esas cualidades como parte de una racionalidad social inherente a su lógica política, cuya aprehensión conceptual ha sido excluida a priori por la racionalidad política que las critica. En palabras más sencillas: esas críticas no llegan a entender que estas cualidades del populismo son inherentes a la racionalidad que sustenta el mismo. El autor sostiene al respecto lo siguiente: “La relativa simplicidad y el vacío ideológico del populismo, que es en la mayoría de casos el preludio de su rechazo elitista, deberían abordarse en términos de qué es lo que intentan performar esos proceso de simplificación y vacío, es decir, la racionalidad social que expresan.”

¿Por qué es importante esta simplicidad o vacío ideológico del populismo? Porque solo a través de estas cualidades se puede completar la operación a través de la cual se construye “el pueblo”. Para explicar cómo esto sucede es necesario comprender previamente la noción de hegemonía.

La noción gramsciana de hegemonía refiere a la capacidad de un grupo o sector dentro de una determinada sociedad de hacer ver sus percepciones, valores, intereses o creencias como estándares de validez universal. Es decir, la capacidad de ese grupo o sector de hacer ver sus intereses particulares como los intereses de la totalidad social, como los intereses universales. Una vez se concretiza dicha capacidad, los intereses particulares hechos ahora universales se toman como elementos naturales de la sociedad, como un orden dado y no puesto. Por ende, al analizar profundamente el orden de una sociedad que surge como consecuencia de una operación hegemónica, podemos llegar a la conclusión de que a dicho orden no se arribó a través de un proceso lineal, natural y racional, sino por el predominio de un particular sobre otros particulares, haciéndose ver ahora como universal.

De lo anterior se colige que un orden se constituye como el resultado de una pugna de entidades diferenciadas que termina con una de esas entidades asumiendo la representación de la totalidad. Para ilustrar un poco lo que he dicho propondré el siguiente ejemplo –ojalá no resulte muy forzado o trivial-:

Todos conocemos la forma predominante en que se organiza un aula escolar. Usualmente el profesor ocupa un escritorio mucho más amplio que la butaca de los estudiantes, se encuentra posicionado en un nivel de visibilidad superior a éstos y su intervención representa la mayor parte del desarrollo de la clase, en tanto se da por sentado que éste es quien tiene los conocimientos que serán transmitidos a los destinatarios, es decir a los estudiantes. En fin, las aulas escolares se encuentran tradicionalmente organizadas bajo un esquema que impone el posicionamiento jerárquico del profesor por sobre los estudiantes.[4] ¿Quiere lo anterior decir que esta es la única forma en que puede ser organizada un aula? ¿Responde esta forma de organización a una predeterminación natural y universal? Evidentemente que no. Podrían existir múltiples formas y lógicas distintas de organización de un aula escolar y de la participación en la misma. Sin embargo, no sería para nada extraño que muchos estudiantes y profesores entiendan que la forma de organización que he ilustrado es la natural, que es una forma dada y no puesta. Es decir, existe un consenso sobre la validez de la misma, por lo que no es necesario imponerla por la fuerza. La razón de ello reside precisamente en que esta forma particular de organización se ha sobrepuesto a las demás y se ha erigido como estándar de validez universal, como una totalidad. Pero al final, por la forma en que se ha instituido como universal, resulta claro que la realidad que se deriva de esa forma de organización es contingente y, en consecuencia, siempre sujeta a ser contestada y transformada.

El ejemplo anterior intenta representar a partir de un escenario reducido y cotidiano la forma en que opera la hegemonía. Para generar la ejemplificación evidentemente se pierde cierto rigor conceptual que en cambio podría conseguirse en un plano de abstracción mucho mayor. Si bien es cierto que la organización del aula escolar que he descrito se entiende comúnmente como la válida y más universal, no resulta tan difícil darse cuenta que otros tipos de organizaciones son posibles y que, por tanto, la misma es contingente. Pero la cuestión cambia cuando ya no estamos refiriéndonos al ámbito reducido de un aula escolar, sino a la forma misma en que se organiza la sociedad y bajo los fundamentos que lo hace, al sentido predominante que se le da a la democracia, a los derechos, a las formas de producción, al trabajo, a la individualidad, etc. Es decir, se hace más difícil comprender que las nociones predominantes sobre todos estos aspectos son en verdad percepciones, valores e intereses particulares de un determinado sector social que se han hecho universales.

Una pregunta consecuente a lo que he intentado de explicar brevemente sería la siguiente: ¿Cómo entonces esos determinados sectores pueden hacerse hegemónicos, es decir, hacer ver sus intereses particulares cómo universales? Aquí entran en escena dos precondiciones que Laclau atribuye al populismo y que solo pueden lograrse a través de los procesos de simplificación y vacío a los que habíamos hecho referencia: 1) La formación de una frontera interna antagónica que separa el pueblo del poder; y 2) La articulación equivalencial de demandas que hacen posible el surgimiento del pueblo.

Si afirmamos que la operación hegemónica se produce mediante la representación de intereses particulares de unos sectores como si fueran universales, evidentemente podemos entender que dichos sectores deben ser concebidos como la totalidad –aunque cuantitativa y empíricamente no lo sean-. Esta totalidad se constituiría por los propios intereses de los sectores y por otros que puedan articular dentro de sí. Un punto de identificación de estos intereses sería la contradicción con otros intereses que son antagónicos y que por tanto no pueden ser articulados en la operación. Entonces, si en un determinado momento se contraponen dos sectores cuyos intereses son irreconciliables, y uno de ellos como parte que pretende la hegemonía se afirma a sí mismo como representante la totalidad, necesariamente tiene que producirse la exclusión del otro. Es aquí donde se forma una frontera interna que separa a quienes se han constituido en “pueblo”  de quienes se contraponen a ese “pueblo”.

Este es uno de los aspectos del populismo más criticados: la supuesta inoculación del odio social, la ‘’división’’ de la sociedad y la creación un “pueblo” y un “antipueblo”. Lamentablemente para estos críticos la realidad histórica demuestra que esto es una condición fundamental de la lucha política.

Pongamos el ejemplo de la Revolución Francesa. A la clase burguesa le habría sido imposible producir dicha revolución si no se consideraba como sector representante de una totalidad que articulaba intereses de otros sectores con un punto de identificación en el rechazo al absolutismo. De forma más simple: la revolución no habría sido posible si la burguesía, como clase que pretendía alcanzar hegemonía, no se hubiera identificado a sí misma como el “pueblo francés”. ¿Quiere decir esto que el Rey y los miembros de la aristocracia no fueran franceses? Claro que no. Lo que quiere decir es que no formaban parte del “pueblo”, entendiendo a éste no como un ente predeterminado –conjunto de todos los franceses-, sino como instituido a partir de la propia lucha política –quienes asumen la representación de la totalidad y luchan contra quienes afectan los intereses de esa totalidad-. La exclusión de una entidad y la constitución de una frontera antagónica respecto de la misma son condiciones absolutamente necesarias para comprender el terreno de lo político. ¿O es que estos críticos, para citar otro ejemplo, consideran que el “We the people” de la Constitución estadounidense no se trataba en verdad de la clase propietaria de dicho país identificándose a sí misma como el “pueblo” que se impuso al colonialismo británico?

Si bien queda entendida la necesidad de la constitución de esta frontera antagónica, aún quedaría explicar la forma en que se genera la identidad de los distintos intereses que participan con el sector que pretende hegemonía. Es decir, cómo a partir de la articulación de estos intereses se construye “el pueblo”, o de manera ejemplificativa: cómo la clase burguesa de la revolución francesa pudo articular en sí los intereses de la clase campesina y trabajadora para constituirse en “el pueblo francés” y enfrentar al absolutismo. Aquí entra en escena lo que Laclau denomina “significantes vacíos” y la unidad mínima de su análisis que se corresponde a la categoría de “demanda social”.

Las personas que conviven en una determinada sociedad presentan constantemente insatisfacciones particulares. Estas insatisfacciones producen la necesidad de pedir la solución de las mismas, o más drásticamente, reclamar esa solución, demandarla. Las mismas pueden ser solucionadas y allí terminaría el problema, pero también pueden quedar irresueltas. En caso de suceder lo segundo esas personas empiezan a notar que otras tienen igualmente insatisfacciones que se han traducido en demandas que no encuentran solución. Según Laclau, si la situación permanece igual por un determinado período de tiempo, “habrá una acumulación de demandas insatisfechas y una creciente incapacidad del sistema institucional para absórbelas de un modo diferencial (cada una de manera separada a las otras) y esto establece entre ellas una relación equivalencial.”

A las demandas que, satisfechas o no, permanecen aisladas, Laclau las llama “demandas democráticas”. En cambio, a la pluralidad de demandas que, a través de su articulación equivalencial, ‘’constituyen una subjetividad social más amplia’’, Laclau las llama demandas populares. Entonces lo que sigue es agregar otra precondición del populismo: No basta con la constitución de la frontera antagónica ni con articulación equivalencial de las demandas insatisfechas –intereses-. Hace falta la unificación de estas demandas en un sistema estable de significación que permita generar la identidad colectiva.

Como expresara anteriormente citando a Laclau, mientras más se incrementan las demandas insatisfechas en una sociedad durante un considerable período de tiempo, menor será la capacidad del sistema institucional de resolverlas una por una, y mayor la probabilidad de que éstas encuentren un denominador común a partir del cual se conteste el sistema por completo.  Al contrario, si dichas demandas pueden ser atendidas de manera diferencial –una a una- por el sistema institucional, la probabilidad de que las mismas encuentren puntos de identificación para contestar ese sistema será reducida. A lo primero Laclau lo denomina “lógica de la equivalencia”, a lo segundo “lógica de la diferencia”.

Mientras el Estado pueda solucionar de manera diferencial las distintas demandas, el riesgo de entrar en una crisis de legitimidad será menor. Esto es parte inherente a la noción de hegemonía, la cual para ser efectiva no solo requiere de hacer prevalecer intereses particulares como universales, sino también de rearticular las demandas e introducirlas en el propio discurso hegemónico. El reconocimiento sin rupturas radicales previas de ciertos derechos de los trabajadores puede responder a esta lógica. Otro ejemplo un poco más reciente es el de la demanda por la asignación presupuestaria del 4% del PIB a la Educación. Dicha demanda tenía todas las condiciones para constituirse en un significante vacío –como veremos más adelante- y representar una cadena equivalencial de demandas insatisfechas más allá del tema educativo. Sin embargo, fue absorbida de manera diferencial por el sistema institucional y ahora pasó a formar parte del propio discurso gubernamental.

Si en cambio las demandas no pueden ser solucionadas de manera diferencial y se incrementan sin encontrar satisfacción, podrán formar parte de una cadena de demandas que tienen en común la insatisfacción con el sistema institucional. Pero para consolidar esta cadena equivalencial se hace necesario la construcción de una identidad común que permita representar la totalidad. A fin de lograr lo anterior las distintas demandas deben claudicar parcialmente a sus particularidades, “destacando lo que todas las particularidades tienen, equivalentemente, en común.” Para Laclau esto solo puede lograrse mediante la representación de la universalidad de la cadena equivalencial a expensas del reclamo particular de cada una de las demandas. A su vez, esta representación solo puede lograrse a través de un “significante vacío”, que como su nombre indica es un significante sin contenido concreto.  Laclau, comentando a uno de los muchos autores que cita en el libro, afirma lo siguiente: “Si el instinto nivelador puede aplicarse a los contenidos sociales más diferentes, no puede, él mismo, poseer un contenido propio. Esto significa que esas imágenes, palabras, etcétera, mediante las cuales se lo reconoce, que otorgan a sucesivos contenidos concretos un sentido de continuidad temporal, funcionan exactamente como lo que antes hemos denominado significantes vacíos.”

De lo que he explicado brevemente en el párrafo anterior se extrae una conclusión que nos redirige a una de las principales críticas al populismo: Una pluralidad de demandas unificadas en una cadena de equivalencias sólo puede consolidarse mediante “la construcción de una identidad popular que es cualitativamente algo más simple que la suma de los lazos equivalenciales.” Esa simpleza de la identidad popular viene dada por hecho de que para alcanzar la misma –persistiendo en la dinámica de la hegemonía- es necesario que una demanda particular pase a constituirse en una significación universal de la cadena total de demandas. Para lograr esto debe entrar en escena un giro retórico que, muy lejos de ser simple demagogia, forma parte del populismo como dinámica a través de la cual “lo político” se manifiesta en una sociedad.

Lo retórico se manifiesta en el hecho de que la constitución de la demanda particular en la significación universal no es consecuencia de una abstracción. Esto quiere decir que la operación no se concretiza a través de la inclusión de los distintos contenidos concretos de las otras demandas particulares en la demanda que adquiere significación universal, entendiendo a ésta última como abstracción de las primeras y, por tanto, afirmando la posibilidad de su aprehensión conceptual. Al contrario, esta significación universal es consecuencia de un vacuidad que ejerce una función de representación, de la pulsión hacia un objeto que se hace totalidad. Según Laclau, “es por esto que una cadena equivalencial debe ser expresada mediante la catexia[5] de un elemento singular: porque no estamos tratando con una operación conceptual de encontrar un rasgo común abstracto subyacente en todos los agravios sociales, sino con una operación perfomativa que constituye la cadena como tal.”

Si contrario a lo que en mi opinión sucedió con la lucha del 4% para la Educación, dicha demanda hubiera cedido parcialmente su particularidad para intentar erigirse en un significante vacío que representara una cadena equivalencial de demandas insatisfechas diversas, el resultado habría sido distinto. De lo que hablamos aquí es que el particular “4% para la Educación” fungiera como significación universal de una gran cantidad de demandas que no están ni siquiera vinculadas con el ámbito educativo y que involucran a otros sectores no insertos en la lucha concreta por el 4%. De haberse concretizado esta operación la expresión “4% para la Educación” habría sufrido un desplazamiento retórico, de su sentido literal se habría pasado a uno figurativo. Desde el punto de vista de la retórica clásica a la que Laclau hace referencia, se habría producido una catacresis[6]. Ya “4% para la Educación” no significaría la asignación presupuestaria de dicho porcentaje del PIB al gasto funcional en materia educativa, sino una expresión figurativa para representar un conjunto de demandas que forman una cadena equivalencial. Asimismo, se habría producido lo que, siguiendo la retórica clásica traída a colación por Laclau, se denomina sinécdoque[7]: una parte (4% para la educación) habría representado al todo.

Para colocar otro ejemplo retrotraigámonos históricamente al año 1965 y analicemos la revolución de abril a través de las categorías que permiten comprender el populismo. Es innegable que al producirse dicho momento histórico existían varias demandas insatisfechas por el sistema institucional que se había constituido a partir del golpe de Estado al gobierno de Bosch. Dentro de dichas demandas cobraba especial relevancia la de retomar la Constitución de 1963 que había sido abolida por el golpe de Estado. Dicha demanda pasó entonces de ser una pretensión particular concreta a constituirse en un significante universal de otras demandas particulares que formaban parte de una cadena equivalencial. La consigna o, para aplicar las categorías laclaunianas, el significante vacío a través del cual esto se produjo, todos lo conocemos: “La vuelta a la constitucionalidad.”

Posiblemente muchas de las personas que participaron activamente en la revolución de abril de 1965 ni siquiera sabían que decía la Constitución de 1963 por cuya restauración luchaban. Sin embargo, eran sujetos de demandas concretas que encontraban un punto de identificación en este significante, al punto tal de que quienes participaron en este bando de la contienda fueron denominados “constitucionalistas”, un adjetivo que no tiene ningún sentido al margen del significante vacío que se generó en ese momento histórico. Estos “constitucionalistas” pasaron a asumirse a sí mismos y a sus partidarios como el “pueblo dominicano”, es decir, como particulares que asumen la representación de la totalidad. En consecuencia, habría de producirse la exclusión necesaria para que se produjera una frontera política antagónica: si los “constitucionalistas” y sus partidarios se asumían como la totalidad del “pueblo dominicano”, los militares que lucharon en su contra y, posteriormente, los marines estadounidenses, no podían ser considerados como “pueblo”. Se trata de la consecución de las condiciones necesarias para que un sector pretenda hegemonía y la muestra más fehaciente de ello es que lo que siguió a dicho momento histórico fue lo que Gramsci denomina dominación: el mantenimiento de un orden constituido por unas determinadas relaciones de poder en base al uso sistemático de la fuerza, como consecuencia de la imposibilidad de generar consenso.

En el ejemplo anterior se conjugan las dimensiones estructurales necesarias para desarrollar el concepto de “´populismo”: 1) La unificación de demandas en una cadena de equivalencia; 2) La constitución de una frontera interna que divide a la sociedad en dos campos  (Constitucionalistas Vs. Golpistas y Yankees); 3) La consolidación de la cadena equivalencial mediante la construcción de una identidad popular que es cualitativamente más simple que la suma de los lazos equivalenciales (La vuelta a la constitucionalidad).

A tanto tiempo transcurrido de la revolución de abril nadie osaría en calificar como “´populistas”, en el sentido peyorativamente atribuido al término, a los militares y civiles que lucharon por la vuelta a la constitucionalidad de 1963, no obstante dicho momento histórico fue un momento eminentemente populista, en el sentido que Laclau atribuye al término: un momento en que a partir de lucha se construyó “el pueblo”. Negar y denigrar esta dinámica –la populista- como factor constatable históricamente en la conformación de un determinado orden social, no es más que obviar la propia realidad. O tal vez más bien garantizar la inexistencia de necesarios momentos de ruptura con los sistemas institucionales, preservando así el status quo.

En una segunda parte desarrollaré algunos conceptos tratados en el libro y que complementan la teoría de Laclau, entre ellos los “significantes flotantes”, la “heterogeneidad social” y la “representación.”