A propósito del cruce epistolar entre el abogado José Luis Taveras y el empresario Juan Vicini

Interesante intercambio producido a través de las redes sociales entre el conocido abogado corporativo, José Luis Taveras, y el señor Juan Vicini, representante del grupo empresarial más grande de la República Dominicana. Todo tuvo como inicio una carta abierta que el primero hiciera a la empresaria Ligia Bonetti, en una especie de respuesta recomendatoria a las desafortunadas declaraciones que la misma hiciera sobre los salarios en la República Dominicana. Ante lo expresado en esta carta, el empresario Juan Vicini respondió a José Luis Taveras en defensa de la señora Bonetti, generándose posteriormente correspondientes réplicas y contrarréplicas. Más allá de las opiniones que he podido observar sobre este breve cruce epistolar, muchas de las cuales se han quedado limitadas a una valoración formal del manejo de la palabra y la estilización de la misma en la defensa de cada posición -así también como a aspectos de estricta índole personal-, me gustaría reflexionar un poco sobre diversos aspectos estructurales de la discusión. 

Quien haya leído al profesor Juan Bosch, especialmente en sus obras sociopolíticas Composición Social Dominicana, Capitalismo Tardío en la República Dominicana y Dictadura con Respaldo Popular, podrá comprobar la ‘’arritmia histórica’’ que ha afectado a nuestro país desde que fuera colonizado por el entonces Reino de Castilla. Podrá comprobar como el desarrollo industrial del territorio que ocupamos, contrario a otras colonias, estuvo desde sus inicios condenado una vez tras a otra al fracaso. El monopolio comercial entre la Metrópoli y la Colonia, limitando el mercado de lo producido por esta última, obligó a trasladar la actividad económica de la pujante, tecnificada y calificada industria azucarera que iniciaba su desarrollo, hacia la rentista, ociosa y poca productiva actividad latifundista de ganadería. Las encomiendas y el otorgamiento de títulos de nobleza a los adeptos de la Corona completaban en parte la organización de una sociedad fundamentada en la apariencia, linaje, estatus y tenencia, por sobre una generadora de las riquezas necesarias para satisfacer las necesidades de los habitantes. Esta forma de organización social llevó incluso a que tuvieran que enviarnos recursos desde México para mantener funcionado la colonia.

No fue hasta la primera intervención norteamericana del año 1916, y posteriormente con la Dictadura de Trujillo, que la República Dominicana se encauzó en un mínimo desarrollo industrial propio de un sistema capitalista de producción. Estos dos momentos, conjuntamente con el ensayo industrial azucarero de la colonia que fuera abortado por las razones ya expuestas, son considerados por Bosch como los tres procesos, aunque intermitentes, de acumulación originaria de capital en la Republica Dominicana. En todos estuvo presente la utilización de la fuerza que caracteriza los procesos de acumulación originaria de capital: en el primero la explotación esclavista, en el segundo la apropiación forzada de grandes extensiones de terreno y en el tercero la puesta en marcha de una maquinaria sangrienta y del mismo Estado al servicio de los intereses económicos de Trujillo. 

Este tardío y precario desarrollo de la relación histórica de producción llamada capitalismo, conllevó, por vía de consecuencia, a un tardío y precario desarrollo de la relación social de ese modo de producción, específicamente en cuanto a la conformación de las clases sociales típicas en el mismo. La ausencia de una clase burguesa en la República Dominicana explica en parte porque el proyecto revolucionario independentista promovido por la pequeña burguesía quedó en manos de los sectores oligárquicos de la sociedad, específicamente en la clase hatera representada por Pedro Santana. No podía producirse una revolución burguesa al estilo francés, precisamente porque se encontraba ausente la clase que se supone debía liderar la misma, y en cambio, el poder social residía en un sector oligárquico.

Este trasfondo histórico incide en la débil conciencia con que se configura una clase burguesa en la República Dominicana. Su conformación tardía, a la par con una sociedad regida históricamente por sectores oligárquicos, conllevó necesariamente a que naciera con una serie de vicios que no fueron propios de otras sociedades capitalistas cuyo desarrollo histórico no fue tan accidentado como el nuestro. El mayor de esos vicios es, sin duda, la ausencia de una conciencia de clase. La ausencia de una concepción propia como clase social caracterizada por unas delimitadas funciones dentro del sistema social capitalista y, por tanto, con la posibilidad de reinventarse para poder mantener el sistema vigente. Es precisamente eso y no otra cosa lo que está en el fondo de la discusión entre Taveras y Vicini. 

Lo dicho por José Luis Taveras va en el sentido de reprochar esta falta de conciencia de clase que afecta al sector empresarial dominicano, el cual en el fondo sigue rigiéndose bajo mecanismos propios de explotación que a la larga pueden desatar una crisis que ponga en jaque su posición dominante en la sociedad. Lo curioso es que, desde un análisis de estratificación social, José Luis Taveras no pertenece a la clase burguesa, más bien forma parte de una capa de la pequeña burguesía profesional y burocrática-privada. José Luis Taveras, sin ser burgués, tiene mucho más claro que los propios ‘’burgueses’’ dominicanos cuales son las condiciones que tienen que cambiar para que todo siga igual en este sistema social. Piensa como deberían pensar los verdaderos burgueses. Tal vez, si los empresarios insaciables de nuestro país pensaran así, pudiéramos tener un desarrollo productivo y social mayor, no obstante mantenerse muchas de las condiciones que son inherentes al sistema social capitalista.

Lo que ha hecho José Luis Taveras no es salir en defensa de la mayoría de dominicanos por las condiciones de miseria de las que adolecen, situación que parece satirizar la señora Bonetti con sus declaraciones. Lo que ha hecho José Luis Taveras es advertir a la clase empresarial que se supone lidera el sistema en el que él cree, cuales serían las consecuencias de que la progresiva precarización de las condiciones materiales de existencia de los dominicanos los haga desenterrar su sed de justicia del subsuelo y despertar del letargo inducido en que se encuentran para tomar lo que les pertenece. Parafraseando a Ford, lo que José Luis Taveras ha dicho a los empresarios es: entreguen algo, antes que tengan que entregarlo todo. Coloca el ejemplo de Venezuela como muestra del supuesto apocalipsis que se podría avecinar, tal y como en época de la guerra fría lo era el ejemplo cubano, dando lugar entonces a lo que se conoció como la teoría de la contención a través de la instauración de programas de reformas y ayuda económica, como por el ejemplo la Alianza para el Progreso. En ese momento se entendió como necesario ‘’ceder’’ algo para detener la ‘’avanzada comunista’’. 

Para evitar la hecatombe se hace entonces necesario solventar lo que Marx llamaba ‘’costos de reproducción de la fuerza de trabajo’’. En contraste con los costos de producción de la fuerza de trabajo, que refieren específicamente a los elementos necesarios para que los trabajadores puedan subsistir y por ende puedan contar los empleadores con su fuerza de trabajo, los costos de reproducción de la fuerza de trabajo se sitúan en el marco de los gastos necesarios en que tiene que incurrir la clase empleadora para evitar el desbordamiento en su contra de la clase en la cual reside la fuerza de trabajo. Son los costos de mantener lo que eufemísticamente los teóricos occidentales de políticas públicas llaman ‘’cohesión social’’. La capacitación, educación e instrucción a fin a los postulados del sistema social vigente es la forma más efectiva para lograr dicho cometido, pero cuando no pueden ser las personas manejadas a través de estos mecanismos se hace necesario ceder algunas cosas para poder mantener el estado de cosas. De esto puede derivarse toda una teoría de las prerrogativas laborales entendidas como concesiones, no así como conquistas propiamente dichas. 

En República Dominicana, ambos costos, tantos los de producción como reproducción de la fuerza de trabajo, no son solventados ni por asomo. Aun así la sociedad sigue corriendo y no se produce una crisis. Sin dudas, el endeudamiento sirve como válvula de escape para satisfacer las necesidades materiales que permiten producir la fuerza de trabajo. En cuanto a la reproducción de la fuerza de Trabajo, la explicación de que no se genere una crisis aun sin solventar los costos de la misma, puede residir en parte, como afirma José Luis Taveras, en el sistema clientelar disgregador de las intenciones de organización y cambio de nuestra sociedad. Pero más que nada reside en el sistema hegemónico que se ha configurado en la República Dominicana y que lleva a las personas a considerar como naturales sus condiciones materiales de existencia y la forma en que se desarrollan las relaciones sociales en nuestro país. La dominación cultural que irradia elementos subyugantes a lo largo y ancho de la mayoría de dominicanos conlleva la identificación de éstos con sus opresores. Esto deriva en una pobre articulación de intereses entre los sectores más explotados de la sociedad dominicana y en una imposibilidad continua de generar mecanismos de organización que puedan ejercer el debido contrapeso en las relaciones sociales. Basta con comprobar que menos del 4% de los trabajadores dominicanos se encuentra sindicalizado. En la República Dominicana hay trabajadores, pero no existe una clase obrera organizada. Así como la conformación de una clase burguesa estuvo matizada por un desarrollo tardío, subsecuentemente lo estuvo el proletariado dominicano. No existe una conciencia de clase obrera. Esto evidentemente da margen de maniobra a las clases empresariales para evitar la crisis a la que hace referencia José Luis Taveras.

Juan Vicini defiende a la señora Bonetti y afirma que la misma trabaja para evitar una ola devastadora principalmente fundamentada en una sobrepoblación laboral. Resulta curioso ver que el señor Vicini coloca dentro de sus argumentos el problema que traería el éxodo masivo de haitianos hacia nuestro país. Especialmente porque el Grupo Empresarial que representa ha sido un beneficiado histórico de esa mano de obra barata, obediente y dócil. 

Lo cierto es que a estos sectores explotadores de la sociedad dominicana les ha venido muy bien la sobrepoblación laboral. Ese ejército industrial de reserva ofrece a los empleadores un mercado de trabajo con una oferta de mano de obra saturada, y por tanto, dispuesta a venderse bajo cualquier condición con el solo fin de tener una mínima estabilidad. La desregularización de las relaciones de trabajo propuesta por los empresarios con el fin de ‘’ampliar’’ el acceso al trabajo formal, no hará más que intensificar esta tendencia caracterizada por una competencia desmedida de los ‘’sobrantes’’ para entregarse al capital al menor costo posible.

Los problemas demográficos, en principio, solo pueden ser explicados en relación a los medios de producción de una determinada sociedad. Existe sobrepoblación en tanto la fuerza de trabajo disponible excede aquella requerida por los medios de producción establecidos, y existe subpoblación en tanto la fuerza de trabajo disponible es menor a la requerida por los medios de producción establecidos. Lo que en parte están proponiendo los empresarios es flexibilizar las relaciones laborales para poder incorporar más personas al empleo formal: una formalización precarizante. Pero le sacan el cuerpo de manera evidente a la cuestión trascendental detrás del problema del trabajo y el desarrollo en la República Dominica: el modelo económico de nuestro país. 

El modelo económico dominicano cada vez más se reclina a la importación, la intermediación y los servicios, en perjuicio del desarrollo productivo nacional, especialmente de carácter industrial, donde la mano de obra calificada es requerida en cantidades considerables. Para el empresariado dominicano resulta mucho más rentable orientar sus capitales a estos sectores de la economía, caracterizados por un importante componente especulativo, escasa necesidad de trabajadores y limitada agregación de valor a la sociedad. Por su parte, las utilidades generadas por la inversión extranjera son repatriadas en su mayoría y la capacidad generadora de empleos de esta última es irrisoria, lo que hace necesario que empecemos evaluar su calidad por sobre su cantidad. Mas es siempre más fácil prefabricar argumentos para cortar la soga por el lado más débil. Se olvidan los representantes del empresariado dominicano que si aprietan mucho la tuerca, aun con las condiciones favorables que les ofrece el país, se puede correr la rosca. Yo ellos tomara en serio las advertencia de alguien que al parecer piensa como un verdadero burgués, aun sin serlo.

La confesión de la Constitución dominicana del año 2010

  

He denominado a esta reflexión ´´La confesión de la Constitución dominicana del año 2010´´, precisamente porque del estatuto de la nacionalidad establecido en la misma se deriva que las situaciones a las que el Tribunal Constitucional incluyó bajo la excepción de extranjero en tránsito, son totalmente equivocadas, en detrimento de los derechos fundamentales de las personas afectadas por la decisión contenida en la setencia TC-168-13.

La Constitución dominicana del año 2010, al referirse a la adquisición de la nacionalidad por jus soli, establece en su artículo 18, numeral 3, parte inicial, que serán dominicanos y dominicanas ´´las personas nacidas en territorio nacional, con excepción de los hijos e hijas de extranjeros miembros de legislaciones diplomáticas y consulares, de extranjeros que se hallen en tránsito O residan ilegalmente en territorio dominicano.´´

Es la Constitución del año 2010 la que establece por primera vez la excepción a la adquisición de la nacionalidad de parte de hijos de extranjeros que residan ilegalmente en territorio dominicano. Es preciso resaltar que esta nueva excepción se coloca de lado de la excepción que ha sido objeto de análisis en la sentencia (hijos de extranjeros en tránsito) y que era aplicable desde el año 1929. 

Pero fijémonos como en el intermedio de ambas excepciones opera una disyunción, y opera en un sentido que supone una proposición alternativa. Cabría preguntarse, pues, la razón de que la Asamblea Revisora que dio lugar a la Constitución del año 2010 estableció ambas excepciones separadas, cuando de acuerdo a toda la argumentación del Tribunal Constitucional la segunda está incluida en la primera. La justificación de esto reside, precisamente, en que dicha situación no es incorporable a la de los extranjeros en tránsito, por lo que los Asambleístas, en su afán de negar la nacionalidad dominicana a los hijos de inmigrantes haitianos en situación irregular, la establecieron de manera explícita y aparte.

Por otro lado, el numeral 2 del artículo citado establece que serán dominicanos y dominicanas ´´quienes gocen de la nacionalidad dominicana antes de la entrada en vigencia de esta Constitución´´.

Hay que ser incisivos en la búsqueda da la justificación de dicha disposición. Detrás de la misma hay una clara aplicación de un principio elemental del derecho: la seguridad jurídica. Pero, ¿a quiénes se le debe respetar dicho principio y por tanto ser considerados con la nacionalidad dominicana a la entrada en vigencia de la Constitución del año 2010? Para responder a esa pregunta hay que delimitar a quiénes afectaría una aplicación retroactiva de las normas incorporadas constitucionalmente. La respuesta es sencilla. Afectaría a las personas que se encuentren dentro de la nueva excepción para la adquisición de la nacionalidad por jus soli: los hijos e hijas de extranjeros que residan ilegalmente en la República Dominicana. Por tanto, dicha disposición hace referencia evidente a esas personas, las mismas que buscan ser hoy despojadas de la nacionalidad dominicana.

Como dice ese famoso refrán, a confesión de parte, relevo de prueba, más cuando la confesión es constitucional.

¿Democracia en la cuna de América?

“La democracia en el capitalismo es el pacto

                                                           por el cual las clases subalternas renuncian

                                                      a la revolución a cambio de negociar las

                                                     condiciones de su propia  explotación.”

Alfonso Quijano

¿Democracia en la cuna de América?

I.                   La mentada democracia.

La tan aclamada y vanagloriada democracia ha sido la panacea del ideal  de convivencia entre los seres humanos y las organizaciones político-institucionales que los mismos han construido para poder alcanzar sus fines en una forma plena. El mundo occidental moderno la ha presentado, expandido e impuesto en una gran cantidad de Estados, como la mejor forma posible de estructurar el sistema que rige los mismos. Hoy por hoy, todos los caminos conducen a la adopción de este sistema. Sin embargo, cabe preguntarnos, ¿es democracia lo que realmente llamamos como tal? o mejor dicho, ¿es democracia lo que nos han enseñado e inculcado que es democracia?

Es hartamente conocido el sentido etimológico de la palabra democracia, a saber gobierno del pueblo. Nosotros agregaríamos lo referido por Lincoln: gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Pero, ¿ha confirmado la realidad histórica el ideal democrático incrustado en el propio sentido inherente y prima facie de la palabra democracia? La respuesta resulta notoriamente verificable en sentido negativo. La realidad histórica desvela el panorama crudo que busca ser ocultado con teorías e ideas serviles con un estado de cosas, más aún en el caso de países latinoamericanos como el nuestro: la República Dominicana.

 En breves líneas intentaremos esbozar la realidad originaria y actual, respecto a qué es lo que realmente impera en nuestro país, lo que obviamente implica determinar también sobre quiénes imperan en el mismo.

Al final delinearemos una propuesta de una verdadera construcción colectiva hacia la democracia. Hacia una democracia verdadera. Y decimos construcción porque no es algo que se pueda redescubrir o recrear. No se puede retomar lo que nunca ha existido, y como veremos, en la República Dominicana nunca hemos tenido el umbral mínimo de lo que debe ser una democracia.

II.                ¿Qué y quiénes rigen nuestro país?

 La fundación de nuestro país estuvo altamente impregnada de las influencias estadounidenses y francesas que se conocen como las revoluciones burguesas. Basta analizar en forma comparativa la Constitución dominicana de 1844 con los instrumentos jurídico-políticos que surgieron  de las respectivas revoluciones. En tal sentido, la República Dominicana fue concebida sistémicamente como una democracia liberal, sistema que en realidad es profundamente antidemocrático. 

Lamentablemente, y aún copiando todas las instituciones e instrumentos políticos propios de este sistema formal y burgués, ni siquiera reunimos las condiciones para cumplir con esta forma aparente de “democracia”. Es decir, ni siquiera pudimos emular un sistema clasista meramente formal, que paradójicamente no representaba una verdadera democracia.

La razón de esta falla se encontró directamente enraizada en la debilidad dominicana del sujeto político que instauró este sistema en los lugares de donde el país se nutrió en ideas. La escasa y casi inexistente formación de una clase burguesa impidió que la República Dominicana pudiera adoptar esta forma. ¿Qué sucedió en la práctica? La clase dominante con carácter oligárquico fue la que se impuso. Está clase estaba representada en ese momento por los hateros. Sin embargo, será esta misma clase la que históricamente dominará al pueblo dominicano desde ese momento de su independencia hasta la actualidad, con una igualmente antidemocrática intermitencia de 31 años de dictadura de Trujillo. Todo intento de asimilación a un proceso que condujera a un acercamiento con una verdadera democracia fue aniquilado por esta clase que luego se erigiría en frente. Bastan los ejemplos de los gobiernos de Ulises Francisco Espaillat y Juan Bosch.

 A partir de esto decimos que en la República Dominicana nunca ha existido la democracia. No solo que no ha existido la democracia, sino que ni siquiera ha sido posible instaurar plenamente el sistema de apariencia “democrática” propia de las sociedades desarrolladas burguesas, que en fondo, como todos debemos saber, no son tampoco democráticas. 

 A seguida haremos algunas puntualizaciones descriptivas que nos llevan a la conclusión de que el sistema dominicano responde a una oligarquía, es decir, al gobierno de los pocos sobre los muchos.

En primer lugar, es preciso sacarse de la cabeza la idea generalizada de que una democracia es verificable por el conglomerado de instituciones diseñadas para el correcto funcionamiento de la misma. Muchos dirán que existe democracia en la República Dominica por que el Estado adopta una forma republicana, una división de poderes y permite la elección popular de los representantes que gobiernan el país. Ninguno de estos aspectos puede concluir en la plenitud práctica de una democracia. Ya sea que todas estas instituciones y procesos estén coaptados a favor de una persona, como sucedió durante la dictadura; o ya sea que estén cooptados a favor de una clase oligárquica, como continúa pasando en la actualidad, se llega a la inevitable conclusión de que estas instituciones y procesos caen en una formalidad opaca, un cascarón vacío que intenta justificar una apariencia burda de democracia.

 ¿Por qué decimos que lo que existe es un cascarón vacío de democracia? Porque en la realidad se encuentra ausente, o más bien ausentado, el germen intrínseco de la democracia: el pueblo. 

Un crítico de lo que estamos expresando podrá cuestionar respecto a lo qué es el pueblo y quiénes lo componen. Ciertamente la categoría política de pueblo está sujeta a numerosas significaciones acorde con el sentido, sea descriptivo o emotivo, con el que se quiera hacer uso de la misma. No existe empíricamente el pueblo como macrosujeto político-homogéneo. Sin embargo, aún tomando el pueblo en su más amplio sentido, abarcador de todos los integrantes de una sociedad en la cual se relacionan dialécticamente intereses contradictorios, podemos acercarnos a ese germen ausentado.  Si tomamos al pueblo en este sentido, podemos identificar o clasificar sus integrantes con elementos, ya sean aristocráticos, oligárquicos o democráticos. Pues bien, es precisamente el elemento democrático de ese pueblo que se encuentra subsumido y sin ninguna visibilidad ni protagonismo, ante el elemento oligárquico que lo domina. Ese elemento democrático del pueblo es el que constituye las grandes mayorías nacionales y sin él no puede existir democracia. Juan Bosch ubicó en estas grandes mayorías, o como el denominaba “gran masa”, a la baja y muy baja pequeña burguesía, proletarios u obreros, semipropletarios y chiriperos. Este es el pueblo en sentido estricto. El pueblo no como ficción jurídico-política, sino, una vez que se organiza, como realidad histórica.

¿Por qué está efectivamente este pueblo ausentado? Pasamos en seguida a esbozar nuestros argumentos. 

Antes que nada no puede existir democracia sin ciudadanos. Aquí no nos referimos a ciudadanos en el sentido del vínculo jurídico entre personas y un Estado, sino en aquel propio de la concepción clásica y principal de la palabra ciudadano: aquel ser social para quien la política y su participación en la misma es un elemento natural. 

Lo que revela la realidad dominicana es totalmente contrario a esa promovible ciudadanía. La imposición de las ideas neoliberales, que bien caen a la oligarquía dominante en la República Dominicana, traen consigo prácticas sociales y culturales totalmente alienantes, que conducen a este pueblo hacia una total desmovilización y despolititización. Este pueblo se reduce a una masa inerte y autómata conducida, ya no mediante la represión física como en las dictaduras, sino mediante la represión del pensamiento que lo orienta al consumismo, la competencia y el individualismo. Los despoja de su inherente sentido de ente colectivo y social que como tal se preocupa y vela por los intereses de la colectividad. Se abstrae del espacio público y hace oda a lo superfluo, a lo banal. Efectivo somnífero de mucha mayor eficacia que los regímenes basados en la violencia física sistemática.

 El momento electoral, para muchos cúspide del momento democrático, es manejado en una forma mercadológica en la cual pocas veces el elector puede dirigir su propia voluntad. Toda convicción pierde contenido ante la conducción hacia un producto manejable por los intereses oligárquicos. Bajo el ropaje de la competencia partidaria y la famosa y “sana” alternancia, se oculta un programa de acción único, y que únicamente tiende a tener como beneficiario a una minoría. Es un gobierno de los pocos, aún haya sido producido por una mayoría electoral, la cual vale la pena destacar no es lo mismo que la gran mayoría nacional. La autoridad delegada electoralmente, dejar de delegada para pasar a ser enajenada, todo al servicio de los grandes intereses de la oligarquía. Una élite política al servicio de esta última y a mantener las estructuras y relaciones de poder que impiden el protagonismo del pueblo necesario para una democracia. El devenir y la realidad histórica no nos dejan mentir.

 No satisfecha con esto, la oligarquía dominicana impide un principio fundamental de una democracia. Estamos refiriéndonos al principio de igualdad política. A condiciones materiales evidentemente desiguales, más al nivel de las establecidas en la República Dominicana, se hace obvio la imposibilidad de participar en igualdad en un proceso político. Gran parte de los fondos utilizados por las elites políticas en campaña provienen de la arcas de la oligarquía que los financia. Todo esto en conexión con la cada más vertiente mercadológica de la política que ya mencionamos y que visualiza a los electores como consumidores.

Las pocas veces en que surgen excepciones del pueblo con conciencia de clase y política y, por tanto, con firme intención de luchar por los intereses propios de la gran mayoría a la que pertenece, se encuentra con la imposibilidad de ejercicio de una participación efectiva por la parcialización de todos los caminos con todo lo contrario a lo que profesa. Así mismo, no tiene control sobre el programa de acción que la élite política que lo “representa” lleva a cabo, el cual en el fondo es controlado por los intereses oligárquicos.

La mayoría de los medios de comunicación se encuentran controlados por grupos económicos de la oligarquía. El profundo peligro antidemocrático de esta realidad no ha sido constatado en su significativa importancia, por la sencilla razón de que no ha surgido en años un instrumento o proyecto colectivo que afecte directamente los intereses de estos grupos económicos, todo lo cual lo único que deja ver es precisamente la ausencia del germen democrático que antes mencionábamos.

Pero donde más se hace visible que lo existente en nuestro país es una oligarquía, es en las relaciones sociales y las condiciones materiales de las clases oprimidas. De nada vale diseñar un sistema que de la falsa apariencia de democracia, si fuera de ese espacio político-institucional se reproducen –ya no de manera encubierta- explicítamente los sistemas de jerarquización social, incluso asimilables al señoraje del Medioevo. Para verificar esto solo hace falta un mínimo sentido común. Observe como se desenvuelve las relaciones sociales, bajo que hábitos, conductas, cultura, imaginarios, interrelación laboral, y se dará cuenta de la obvia situación de sujeción de  los muchos a los pocos. En todo acto, por más mínimo y cotidiano que sea, se reproducen relaciones de poder que colocan a una clase mínima en una posición dominante.

Algunos especialistas en ser ambiguos y medias tintas, aquellos que con su posición indeterminada y vacilante hacen el juego al sistema oligárquico, llegan a la conclusión de que las realidades que escuetamente he mencionado, son consecuencia de una democracia de baja intensidad o democracia débil, no así de una oligarquía. Defensores de la determinación de la democracia por vía de contingencias históricas, en base a lo cual la democracia liberal decimonónica resulta ser verdaderamente democracia acorde con su contexto histórico. En tal sentido, en el contexto histórico dominicano nuestra democracia es débil, pero es democracia, como consecuencia de una transición evolutiva que falta por desarrollarse. Esto es totalmente falso. Si tomamos el proceso de democratización en términos graduales y no absolutos, ¿en qué umbral se determinaría lo que es una democracia débil y lo que es una oligarquía? Los elementos de dominación han cambiado, pero el sistema dominante no. Muestra de ello es la experiencia en otros países de Latinoamérica, en los cuales los nuevos elementos de dominación fueron derrotados, debiendo la oligarquía, con su mentor el imperialismo, retomar las prácticas que se pensaron erradicadas en la “democracia”: complots, golpes de estados, intentos de asesinatos, etc.  

Al final, lo que determina la existencia de una democracia o no, serán las relaciones de poder existentes. En República Dominicana, estas relaciones de poder están inclinadas a un mínimo grupo.

III.             Hacia una nueva democracia.

Nuestra realidad nos coloca en la posición de concentrar todos los esfuerzos y lucha en la construcción de una democracia en la República Dominicana. Democracia que hasta el día de hoy no ha existido. Una democracia que considere a la persona como punto central y finalidad de la misma. Pero no en su dimensión individualista, sino como ente que necesariamente tiende a agruparse con otros para la consecución de un fin. Un fin orientado al bien común y bienestar general de esos que históricamente han estado en una situación de opresión e invisibilidad. A esos que constituyen la mayoría del pueblo dominicano.

 Se hace imposible la construcción de una democracia sin la organización y concientización del pueblo. Esto no puede realizarse desde los movimientos sociales, no obstante su inevitable importancia en el proceso, especialmente por su carácter espontáneo, no estratégico y no organizado. Por tanto se hace necesario un instrumento o proyecto de carácter político en torno al cual se organicen efectivamente las clases populares. Este instrumento tiene la inevitable labor de fomentar la construcción de poder ciudadano y colectivo. Poder desde abajo, desde el propio hábitat del pueblo. Su práctica debe estar dotada de una alta significación pedagógica que acerque a la persona a la ciudadanía política que la dote de conciencia de clase y política.

 Una vez construya este poder ciudadano colectivo estará en las condiciones ideales para alcanzar en forma legítimamente abrumadora el poder político-institucional del Estado, desde el cual deberá promoverse una revolución política, pero sobre todo económica, social y cultural. Transformación drástica de las relaciones de poder que permitan colocar al pueblo, a las mayorías, en la dirección y protagonismo, permitiendo cimentar las condiciones propias de la democracia que históricamente se nos has negado. Aquella que propicia la mayor libertad posible para la autodeterminación de las personas, la mayor potenciación de sus capacidades y la mayor satisfacción de sus necesidades materiales más básicas para poder desarrollarse dignamente.

 Esto implica adoptar nuevas formas de organización democrática que descentralicen el poder político-institucional tradicional, ideando estructuras nuevas que permitan una participación mucha más efectiva por parte de los ciudadanos. Así mismo la diversificación de instrumentos y procesos de incidencia popular en el control de programa de acción del gobierno, promoviendo una autogestión del pueblo dominicano respecto a las medidas sobre las cuales es su especial destinatario.

Una democracia electoral que permita a los ciudadanos participar en igualdad de condiciones en los procesos electorales, configurándose una especie de discriminación política positiva a favor de quienes se encuentre en situaciones materiales de desigualdad, haciendo énfasis en ese ciudadano llevado a condiciones de igualdad como fundamento del sistema democrático y no la errada concepción liberal que coloca a los partidos en ese lugar.

 Una mayor democracia implica una mayor participación y actuación sobre los espacios públicos y bienes públicos. Es necesario expandir esos espacios y bienes desmercantilizando la vida social de los ciudadanos. Colocar el desarrollo humano colectivo por sobre la lógica de acumulación y ganancia de particulares propia de un sistema capitalista que beneficia unos pocos. Los derechos deben ser derechos, expectativas jurídicas de protección parte del Estado de ciertas prerrogativas fundamentales, no mercancías dejadas al azar del libre juego del mercado.

La democratización de la sociedad debe llegar a todos los ámbitos, incluyendo esencialmente el económico. De nada vale la democratización en otros ámbitos si la concentración económica no permitirá que esta se desarrolle en forma adecuada y acorde con los derechos fundamentales de cada persona. El ciudadano debe tener la facultad de decidir sobre los asuntos más importantes de la vida económica que inciden sobre sus condiciones materiales de existencia, no pudiendo estar dejada esa facultad a los ambiciosos intereses minoritarios de las clases opulentas. Los medios de producción estratégicos que tengan carácter nacional, especialmente aquellos que implican recursos naturales, deben pasar a manos del Estado para una justa distribución de la producción. Por su parte, en caso de aquellos medios producción de menor magnitud, debe fomentarse la propiedad social, comunitaria y cooperativa, donde las relaciones laborales se den en una total igualdad y no se reproduzcan los sistemas de jerarquización actuales. El producto del trabajo en éstos nunca será enajenado a quien lo produce, puesto que los beneficios del mismo serán equitativamente distribuidos entre los trabajados agrupados voluntariamente.

Por último, atendiendo a la brevedad del presente ejercicio de curiosidad y anhelo político, se hace imprescindible la democratización de los medios de comunicación. La importancia en este sentido radica en el efecto que éstos tienen en la conformación de la opinión pública en las personas. La libertad de expresión y la obtención de información veraz y no sujeta a manipulaciones, hace necesario el asalto del pueblo sobre los medios de comunicación, diversificando los mismos y estableciendo limitantes rigurosas a la influencia del capital en la captación oligopólica de los mismos. La opinión publicada no puede seguir determinado el pensamiento dominante de la sociedad, cuando solo la opinión pública es legítima, y esta última pertenece al pueblo y a nadie más.

Son estos solo unos cuantos aspectos necesarios para iniciar la ruta hacia el camino de la democratización y autodeterminación efectiva de nuestro pueblo. Sería el inicio en la construcción de un sistema alternativo en el cual, tal y como decía el profesor Bosch, la democracia no sea una palabra hueca. El comienzo de la verdadera liberación e independencia del pueblo dominicano iniciada por nuestros padres de la patria. Y decimos el inicio por que la democracia que inicie con este umbral mínimo no puede detenerse allí, sino que debe proseguir hacia una cada vez más plena realidad que tenga como finalidad la deseada emancipación del dominicano y el ser humano en sentido general.